Nadie, absolutamente nadie, ha podido determinar en con exactitud cuántos empleados prestan servicios en instituciones del Estado. Por supuesto, no es un tema de hace dos días. El actual Gobierno ha dado algunas muestras de voluntad política, pero sin resultados halagüeños.
En julio de 2025, el presidente de la República, Luis Abinader, oficializó, mediante el Decreto 357-25, la creación del Sistema Integrado de Servicios Centrales de la Función Pública (SISC) para la gestión de recursos humanos en las instituciones gubernamentales, en sustitución del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), aún en vigor.
El diseño de este nuevo esquema inició en 2021, bajo la coordinación del Ministerio de Administración Pública (MAP), con el propósito de dar respuesta a las crecientes necesidades y exigencias que conlleva el ejercicio de la función pública. De lo que se trata, según publicación oficial, es de crear una solución tecnológica de administración y planificación de los recursos institucionales que permita estandarizar procesos, mejorar la gestión de capital humano y garantizar la interoperabilidad de los sistemas informáticos del Poder Ejecutivo.
El Decreto 357-25 establece que el SISC integrará funciones clave como reclutamiento, nómina, capacitación, evaluación del desempeño y planificación de carrera administrativa, promoviendo así una gestión del talento humano basada en datos y resultados confiables que propicien una administración pública más profesional, moderna y eficiente.
Asimismo, el nuevo sistema busca favorecer la eficiencia en el uso de los recursos, el fortalecimiento del control presupuestario, mediante una mayor trazabilidad y transparencia, pero, además, mejorar la gestión de inventarios y activos fijos del Estado, automatizando tareas repetitivas y permitiendo el acceso a información en tiempo real para la toma de decisiones.
La solución tecnológica, para cuya implementación debió establecerse un plazo para que las instituciones gubernamentales la implementen, busca facilitar el análisis del desempeño, la identificación de oportunidades de mejora y el ajuste ágil de políticas y recursos. El decreto indica que el SISC podrá incorporar herramientas de inteligencia artificial.
A mediados de julio de este año, el MAP, en coordinación con el Centro para la Infraestructura Pública Digital (CDPI) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), con apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), inició un taller intensivo de credenciales verificables. ¿Objetivo? Acelerar la adopción de la infraestructura pública digital y hacer los servicios ofrecidos por el Estado más ágiles y seguros.
Según una publicación del MAP, las credenciales verificables constituyen uno de los componentes fundamentales de las infraestructuras públicas digitales, al facilitar el intercambio seguro de información entre instituciones, fortalecer la confianza en los procesos digitales y reducir la necesidad de solicitar repetidamente documentos a los ciudadanos. Considera que su implementación representa un paso decisivo hacia un Estado más eficiente, integrado y orientado a la prestación de servicios digitales de alto valor.
En las jornadas intensivas participaron técnicos de los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), la Junta Central Electoral (JCE), la Dirección de Impuestos Internos (DGII), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), entre otras instituciones públicas.
A propósito de esta actividad formativa, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, enfatizó que la implementación de una infraestructura digital pública escalable, inclusiva e interoperable es un pilar para mejorar la prestación de servicios públicos, fomentar la innovación e impulsar un crecimiento nacional inclusivo.
En medio de este contexto hay una realidad: el Estado desconoce cuántos servidores tiene en sus instituciones. Freund lo admite y lo justifica en la falta de un sistema que conecte a todas las instituciones.
Aunque no tiene el dato exacto de cuántos empleados hay en el Estado, sí puede asegurar que no son 780,000, como señalan algunas publicaciones. Lo afirma porque cuando se utiliza la data de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) hay que tomar en cuenta que ahí están incluidos los que tienen doble jornada y, por ende, doble cotización.
Para el funcionario, incluir los ayuntamientos, por la deficiencia que existe en esas instituciones municipales, lo mismo que los médicos, que presentar servicio en varios lugares, da un resultado que no se corresponde con la realidad.
“Somos un ministerio que al ser un órgano rector debemos tener interconexión e interoperabilidad con las demás instituciones. Porque si estamos aislados, entonces tenemos un problema muy grave. Aquí existe una realidad y yo lo he dicho en algunos programas, aunque no lo digo mucho porque, incluso, me da vergüenza y que nosotros como administración pública no sabemos cuántos empleados tiene el Estado”, reveló a periodistas invitados a almuerzo para presentar los avances de su gestión de dos años en el MAP.
Sostuvo que quien diga que “tanto, tanto, tanto, exacto, está hablando mentiras”, al tiempo de afirmar que los datos que da la Tesorería de la Seguridad Social son sólo de cotizantes, en los cuales hay muchas duplicidades. Dijo que hay situaciones que deben canalizarse y eso no incluye a todas las instituciones del Estado.
Además, refirió que esos datos tampoco incluyen todas las instituciones del Estado, como los órganos constitucionales. Lo que sí sostuvo es que no hay información precisa de cuántos empleados hay en la administración pública, sino que “tenemos aproximados que nos podemos equivocar en 5,000, 6,000 o 10,000, dependiendo de la fuente del dato”.
Según el ministro, se explica por la ausencia de un sistema integrado de gestión humana en la administración pública. Indicó que no existe uno que interopere todo servidor público. Aunque dijo que hay un control de todo el que ingresa, no es así con todo el que sale. Indicó que cuando una institución desvincula a un servidor no necesariamente lo notifica al MAP, ya que no hay obligatoriedad por ley.
“Nosotros nos enteramos cuando nos solicitan una sustitución de ese personal que ha sido previamente desvinculado. Pero si la persona no será sustituida, nosotros no tenemos esta visualización”, indicó, aunque en un momento determinado la Contraloría General de la República sí la podría tener.
Refirió que hace seis años había un Estado fragmentado, con muchas instituciones duplicadas, con sistemas que no se comunicaban entre, con trámites lentos, expedientes físicos, ausencia de digitalización y carencias en materia de transformación tecnológica. Explicó que el proceso de transformación y modernización de las instituciones del Estado es continuo.
A su entender, el Estado debe organizarse mejor por dentro para que pueda responder mejor hacia afuera. “Si no tenemos hacia adentro esa coherencia, esa cultura y esa comprensión no podemos reflejar resultados en los servicios que se ofrecen hacia afuera”, detalló.
Reveló que el MAP tenía un tiempo promedio de respuesta de 30 días a las solicitudes que les hacían las instituciones, sin importar la naturaleza. Refirió que una simple aprobación de un nuevo servidor público se tomaba un mes. “Nos dimos cuenta de que esto sucedió, en gran medida, por una serie de protocoles y procesos que no eran necesarios. Podíamos reducir hasta en un 50% los tiempos de espera sin incluir el aspecto tecnológico”, aseguró.
“Cuando llegué al Ministerio en los primeros días recibía una fila de papeles y preguntaba para qué. Había un proceso en el cual todas las comunicaciones que se recibían llegan al despacho del ministro, quien se encarga de despachar a las áreas correspondientes”, refirió.
Recordó, además, que además del montón de documentos recibidos en el despacho, sucedía que luego de hasta una semana de haberse recibido, cuando estaban incompletos había que llamar a la institución para que completara. A partir de esa experiencia, entonces, se decidió no recibir expedientes hasta verificarse que estén completos. De hecho, dijo, ya no se reciben documentos en físicos, pues el MAP está interconectado con las instituciones.
Transformación
República Dominicana cuenta con una base sólida para acelerar su transformación digital. Sin embargo, el principal desafío consiste en consolidar un ecosistema digital integrado, interoperable, gobernado de manera coherente y centrado en las personas.
Así lo plantea el “Análisis de la Preparación Digital y Salvaguardas de la Infraestructura Pública Digital de República Dominicana”, elaborado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El análisis, presentado este 10 de agosto en la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra (PUCMMA,) concluye que el país ha logrado avances significativos en la construcción de los habilitadores de la transformación digital.
“Hemos construido los cimientos, ahora corresponde consolidar la estructura. Durante décadas, los Estados invirtieron en carreteras, puertos, aeropuertos y redes eléctricas porque comprendieron que ninguna economía puede prosperar sin infraestructura común. En el siglo XXI, esa misma lógica se extiende al ámbito digital”, manifestó el ministr Sugmund Freund, durante la presentación del estudio.
