Un juez dominicano declaró este miércoles inadmisible el procedimiento de homologación del acuerdo firmado entre la Procuraduría y Odebrecht, en el que la empresa brasileña se comprometió a pagar 184 millones de dólares, el doble de la cantidad que admitió haber pagado en sobornos en el país.
La decisión fue adoptada por el juez coordinador de los jugados de la instrucción del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, que señaló que la homologación del acuerdo requiere de un “procedimiento procesal de mayor rigurosidad jurídica”, que la figura de la conciliación, a la que apeló el Ministerio Público en el acuerdo, ya que la misma es para dirimir conflictos “entre querellantes y querellados”.
“Se declara inadmisible el procedimiento de homologación usado por el Ministerio Público y Odebrecht en virtud de que el instituto jurídico de la conciliación, en el cual fundamentan sus pretensiones, fue concebido por los legisladores para dirimir conflictos entre denunciantes, víctimas, querellantes y querellados cuando los hechos que les atañen responden a contravenciones, infracciones de acción privada, acción pública a instancia privada, homicidio culposo (..)”, dijo el magistrado.
El juez subrayó que, tal y como han reconocido ambas partes, “se trata de hechos graves, y en consecuencia, requieren de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica”.
Vargas ordenó la devolución del acuerdo a las partes “a fin de que lo promuevan al amparo del procedimiento establecido para los casos que comportan la gravedad de los hechos que se investigan”.
Integrantes del colectivo “Marcha Verde”, que en enero pasado congregó a miles de personas en Santo Domingo en contra de la impunidad y la corrupción, se manifestaron hoy en las afueras del juzgado para reclamar a Vargas que rechazara la homologación del acuerdo.
El Ministerio Público local y Odebrecht lograron recientemente un acuerdo a través del cual la multinacional se comprometió a desembolsar al país 184 millones de dólares en los próximos ocho años, que representa el doble de los 92 millones de dólares que admitió pagó en sobornos a funcionarios dominicanos para hacerse con contratas públicas entre 2001 y 2014.
En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África.
Los documentos aseguran que, en concreto, la empresa pagó en República Dominicana 92 millones de dólares en concepto de sobornos para acceder a contratos millonarios.
