Hay una razón por la que la muerte del director ejecutivo de UnitedHealthcare en diciembre de 2024 provocó una ola de rabia y no de solidaridad en redes sociales. Para Judith Feder, profesora de Georgetown y una de las voces más respetadas en política sanitaria en Estados Unidos, ese hecho expuso el sentimiento que hoy domina al sistema más caro del mundo: la gente siente que paga cada vez más para que le nieguen cada vez más.
Feder explicó que existe una ira acumulada contra las aseguradoras privadas por su capacidad de negar atención mientras gestionan beneficios. Ella misma reconoce que, como ciudadana acomodada, no teme quedarse sin acceso, aunque ha enfrentado cambios de médico por salir de su red de cobertura. Su preocupación es por la mayoría.

Estados Unidos gasta US$13,000 por persona al año en salud, 18% de su producto interno bruto (PIB). Es el doble que Alemania y el triple del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), con menor esperanza de vida. Feder resume el destino de ese dinero en tres capas.
Primero, señala que el modelo está enfocado en cobrar primas y restringir reclamos. En 2024, UnitedHealth, Elevance y Cigna sumaron más de US$35,000 millones en ganancias. Lo logran mediante autorizaciones previas: el médico receta, pero el plan decide si lo aprueba.
Para una familia que paga US$25,800 al año por un plan vía su empleador, enterarse que su especialista ya no está cubierto se convierte en una crisis financiera. La confianza en la continuidad del médico se ha roto.
En segundo lugar está la entrada del capital privado, que es más reciente. Ante la rentabilidad del sector, fondos de “private equity” han comprado asilos, consultas médicas y hospitales comunitarios.
Feder describió la fórmula que ya han documentado universidades como Yale: compra apalancada con deuda, recorte de personal, venta del edificio y cobro de alquiler al propio hospital, extracción de dividendos y salida cuando la deuda es insostenible. De esta manera, dice, el hospital queda quebrado.
Desde 2019, más de 100 hospitales rurales han cerrado o recortado servicios. En cerca de un tercio de los casos había capital privado detrás, según la American Hospital Association.
El tercer punto son los intermediarios que no curan, siendo la capa más invisible. Explica por qué un fármaco cuesta US$10 en República Dominicana y Uas$300 en Estados Unidos.
Primero, refiere la codificación médica. Como el pago al hospital es mayor si el paciente figura como más enfermo, existe una industria que optimiza los diagnósticos para facturar más alto. El hospital contrata empresas externas que revisan cada expediente para añadir condiciones facturables. Es legal, dice, pero encarece.
Afirma que luego están los gestores de beneficios farmacéuticos, intermediarios entre laboratorios y empleadores que teóricamente negocian descuentos. Explica que en la práctica retienen parte de ese descuento.
Indica que tres de estas empresas controlan 80% del mercado. A mayor precio de lista, mayor es su comisión.
Feder citó un estudio de Georgetown que define esta estructura como una telaraña de concentración y alta tasa de ganancia que hace el sistema casi imposible de navegar y dispara los costos.
Para quien trabaja en el sector desde los años 70, el balance es amargo. Después de medio siglo, el sistema deja a 27.1 millones sin seguro según el Census de 2024 y deja al 92% que sí tiene cobertura con la sensación de que su seguro fallará justo cuando más lo necesite.
Esa sensación, que estalló tras el caso UnitedHealthcare, se está volviendo un factor de inestabilidad política.












