El ministro de Hacienda y Economía (MHyE), Magín Díaz, advirtió que el subsidio a los combustibles no estaba presupuestado en su magnitud actual para el año 2026, ya que se habían previsto alrededor de RD$12,000 millones para todo el año, pero ya supera los RD$43,000 millones, casi cuatro veces más de lo programado, con un impacto enorme en las finanzas públicas.
Al explicar el impacto del alza global en los precios de los hidrocarburos, explicó que esos recursos provienen del presupuesto general del Estado, por lo que cada peso destinado al subsidio es un peso que deja de invertirse en áreas prioritarias como inversión pública, salud, educación y protección social, generando un alto costo de oportunidad que no puede ignorarse en la discusión fiscal.
Díaz precisó que sin este subsidio, el déficit fiscal de este año se ubicaría cerca del 3.3% del producto interno bruto (PIB), explicado directamente por el apoyo a los combustibles, con implicaciones en la deuda.
En cuanto al diseño del subsidio, el economista lo calificó como generalizado y regresivo, ya que beneficia a todos los consumidores por igual, sin distinguir nivel de ingreso, por lo que una persona con vehículo de alta gama que consume gasolina prémium recibe el mismo apoyo por galón que un trabajador que usa un motor para transportarse.
Ante esa realidad, recomendó técnicamente avanzar hacia mecanismos de focalización, manteniendo el subsidio al GLP y al gasoil regular por su impacto en la población vulnerable y en el transporte de carga y pasajeros, pero desmontando gradualmente el apoyo a las gasolinas regular y prémium, o sustituyéndolo por compensaciones directas.
Resaltó, no obstante, la resiliencia de la economía dominicana, que cerrará el año con un crecimiento estimado de 5% a 5.3%, con una inflación que ha empezado a ceder y con recaudaciones por encima de lo presupuestado, factores que han ayudado a mitigar parcialmente el impacto del subsidio en las cuentas fiscales.
Sostuvo que el nivel actual de subsidio no es sostenible en el tiempo y que el país necesita definir una estrategia de salida ordenada, transparente y bien comunicada a la población, para retornar de forma gradual a la normalidad fiscal sin generar choques sociales ni económicos.
