El economista Franklin Vásquez considera que República Dominicana debe revisar las exenciones y exoneraciones fiscales que concede el Estado para dirigir esos beneficios hacia los sectores que realmente los necesitan, en lugar de mantener incentivos tributarios de manera generalizada.
Su propuesta consiste en llevar el gasto tributario a cero y, posteriormente, establecer asignaciones y exenciones focalizadas, una medida que, a su juicio, permitiría mejorar el aprovechamiento de los recursos que el Estado deja de percibir mediante beneficios fiscales.
«Yo apuesto a que el gasto tributario se lleve a cero», expresó Vásquez durante su participación en el Foro Económico elDinero 2026, titulado “La nueva fiscalidad: retos impostergables para la economía dominicana”, celebrado en Santo Domingo.
El economista situó el gasto tributario en RD$444,000 millones y consideró que su revisión permitiría identificar cuáles incentivos deben mantenerse y cuáles requieren modificaciones. Entre los ejemplos que mencionó figura el tratamiento tributario de una parte de los combustibles, aunque no especificó los cambios que deberían aplicarse.
El planteamiento forma parte del debate sobre cómo aumentar los ingresos públicos sin trasladar indiscriminadamente una mayor carga tributaria a los hogares y las empresas.
Vásquez sostuvo que los ajustes fiscales deben procurar que quienes tienen mayores ingresos y capacidad económica asuman una proporción más elevada de los impuestos. En ese sentido, mencionó las ganancias empresariales, las utilidades y los grandes ahorros como posibles fuentes para fortalecer las recaudaciones.
También advirtió que históricamente la clase media ha soportado buena parte del peso de los ajustes tributarios, por lo que consideró necesario evitar que una reforma afecte los bienes y servicios que consume la población de menores ingresos.
Calidad del gasto y formalización
Para Vásquez, la sostenibilidad fiscal no depende exclusivamente de la cantidad de trabajadores que cotizan en el sistema formal, sino de que los ingresos públicos sean suficientes para cubrir las obligaciones del Estado.
Explicó que las finanzas públicas deben permitir atender tres grandes compromisos: el funcionamiento administrativo, el pago de la deuda y las inversiones necesarias para el desarrollo de infraestructura.
Por eso, consideró que el control del gasto y la calidad de las asignaciones presupuestarias deben acompañar cualquier esfuerzo para aumentar las recaudaciones y reducir el déficit fiscal.
Sobre la inversión pública, señaló que educación mantiene una asignación equivalente al 4% del producto interno bruto (PIB), mientras que identificó mayores desafíos en salud e infraestructura. Agregó que la inversión en infraestructura se ha ralentizado durante el último año.
El economista también señaló que la reducción de la informalidad debe formar parte de la estrategia fiscal. En ese contexto, identificó la facturación electrónica como una herramienta que puede contribuir a formalizar las actividades económicas y ampliar las recaudaciones en el mediano y largo plazo.












