Los británicos elegirán el 8 de junio al Gobierno que tratará de combatir los efectos de la caída de la libra esterlina, el aumento de la inflación y otras incertidumbres que acechan a la economía del Reino Unido ante su salida de la Unión Europea (UE).
La divisa británica ha retrocedido un 14% respecto al dólar y un 12% ante el euro desde el referéndum del “brexit”, celebrado en junio del año pasado, lo que ha contribuido a disparar los precios -la inflación en abril fue del 2.7%, máximo en tres años- y a desacelerar la economía -el PIB creció tan solo un 0.2% en el primer trimestre-.
Además de tomar medidas para contrarrestar esa tendencia, el Ejecutivo que salga de las urnas deberá negociar un vital tratado comercial con la Unión Europea, hacia donde se dirigen el 45% de las exportaciones británicas, y abordar nuevos convenios con decenas de terceros países.
A pesar de que la economía se mantuvo robusta en los primeros meses tras el plebiscito, la caída de la libra ha comenzado a minar en los últimos meses a los sectores más expuestos a la confianza de los consumidores, señaló a Efe Gordon Colquhoun, miembro del grupo de pensamiento “Britain in Europe”.
“Anticipamos una creciente incertidumbre y una subida en el coste de la vida, lo que afectará de forma negativa a la inversión de las empresas y al gasto de los consumidores a corto plazo”, señaló el fundador de la consultora Event Horizon.
Los analistas subrayan que el Reino Unido ha logrado evitar hasta ahora un impacto mayor en su economía gracias a las medidas del Banco de Inglaterra, que recortó los tipos de interés al mínimo histórico del 0,25 % para mitigar el efecto negativo del “brexit”.
“Las medidas del banco central, que se adelantó a cualquier potencial ‘shock’ en los mercados, han aportado sin duda certidumbre económica. Sin embargo, vivir en una economía de bajos tipos de interés, con la libra esterlina depreciada, puede tener también problemas”, subraya a Efe Mark Fennessy, colaborador de “Britain in Europe” y socio de la firma Proskauer en Londres.
El grupo “The UK in a Changing Europe” alerta por su parte de que la previsible rebaja en la entrada de trabajadores inmigrantes tras la salida de la Unión Europea puede afectar asimismo a la economía británica.
“Es difícil predecir cuáles serán las consecuencias directas de la reducción en la inmigración, pero los datos sugieren que saldremos perdiendo, ya sea por la falta de personal en empleos clave, o bien por la pérdida de ingresos fiscales”, afirmó a Efe Anand Menon, profesor de Política Europea y Asuntos Exteriores en el King’s College de Londres.
Según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), órgano consultivo del Gobierno, reducir la inmigración neta desde las 265,000 personas al año que llegan al Reino Unido actualmente hasta 185,000 en 2021 restaría a las arcas británicas 6,000 millones de libras anuales (6,900 millones de euros).
Uno de los principales objetivos de la actual primera ministra británica, la conservadora Theresa May, que aspira a ganar las próximas elecciones, es firmar lo antes posible un acuerdo comercial con los 27 socios de la Unión Europea.
El pasado 16 de marzo, el Tribunal de Justicia de la UE dictó una sentencia que obliga a pedir el visto bueno de los parlamentos nacionales antes de ratificar acuerdos que involucren cuestiones como contratación pública y desarrollo sostenible.
La necesidad de buscar la aprobación individual de todos los países comunitarios podría convertirse en un laberinto que retrasaría la aprobación de cualquier acuerdo con Londres.
Algunos analistas en el Reino Unido, sin embargo, creen que la sentencia, que valoraba un acuerdo comercial con Singapur, abre la puerta a otras vías más directas.
Julian Hoerner, profesor de la London School of Economics, indicó a Efe que la sentencia “deja claro que la mayoría de asuntos que cubre el acuerdo comercial son competencia exclusiva de la UE”, mientras que tan solo algunos, como “ciertas formas de inversión extranjera” requieren el consentimiento de las cámaras nacionales.
Eso significa que Londres y Bruselas podrían “limitar el alcance” de su acuerdo comercial, dejando fuera algunos aspectos, según Hoerner, y aprobar con celeridad un pacto que podría incluir cuestiones arancelarias.
