El Ministerio de Energía y Minas (MEM) remitió al Poder Ejecutivo el anteproyecto de ley de la Minería, una iniciativa consensuada que promueve una mayor participación del Estado en la riqueza extraída sin desmedro de la rentabilidad de la empresa privada en un modelo ganar-ganar.
“Esta es una apuesta histórica, sin precedentes, por un modelo minero que apunte a explotar las riquezas del subsuelo en forma racional y a ganar sin expoliar”, proclamó el ministro Antonio Isa Conde.
Desde septiembre el MEM ha estado socializando el texto con actores empresariales, industriales, sociales y académicos en coloquios y un foro web. En estas consultas se recibieron 1,150 observaciones, comentarios, propuestas y sugerencias que han sido útiles para elaborar un anteproyecto de ley consensuado y completo para impulsar el desarrollo sostenible de la actividad extractiva.
El anteproyecto, concebido sobre los pilares de la minería sostenible y socialmente responsable, contempla la creación del Sistema Nacional de Distribución de la Renta Estatal Minera, que tiene por objetivo gestionar de manera eficiente y transparente dicha renta o proporción de ella para financiar proyectos de desarrollo sostenible en el país, así como procurar que los beneficios de la actividad minera se distribuyan equitativamente entre las empresas, el Estado y las comunidades.
La iniciativa “contiene todas las disposiciones necesarias para que los derechos soberanos del Estado dominicano sean ejercidos impulsando el desarrollo sostenible del sector minero nacional metálico y no metálico, cumpliendo con las exigencias necesarias en materia de sostenibilidad, precaución, prevención, eficiencia, vigilancia, juridicidad, transparencia y rendición de cuentas”, según se explica en la carta de remisión al presidente Danilo Medina y al consultor jurídico de la Presidencia, Flavio Darío Espinal.
El anteproyecto incluye los temas del marco institucional minero, las normas relativas a los títulos habilitantes, licencias y concesiones, régimen de nulidad, caducidad, extinción de derechos, el régimen fiscal y económico, la protección del ambiente, el plan de cierre y el régimen de infracciones y sanciones para esta industria.
