El Gobierno de Cuba anunció este martes nuevas normas para impulsar el sector privado y regular la actividad de sus cada vez más numerosos emprendedores, lo que supone un importante avance en el proceso de apertura económica del país tras décadas de crisis.
El Ejecutivo, presidido por Miguel Díaz-Canel, aplicará un paquete de 20 medidas, seis decretos y catorce resoluciones, para el “perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia y su sistema de control”, que entrarán en vigor en 150 días, es decir, el próximo 7 de diciembre, según un informe especial divulgado en todos los medios estatales cubanos.
Las medidas buscan satisfacer las demandas de los trabajadores por cuenta propia, normalizados desde 2010, perfeccionar el ejercicio de sus actividades y “fortalecer el control” del Estado sobre las mismas, según el informe.
Esto cumple la doble función de seguir impulsando el sector privado para que aporte más al erario público y perseguir las ilegalidades que se estaban cometiendo, como el uso de “materiales de procedencia ilícita”, la defraudación de impuestos o el uso de testaferros.
Bajo el mando del anterior presidente, Raúl Castro, el Gobierno amplió en 2010 la actividad privada en un número limitado de sectores, pero en agosto de 2017 se suspendió la concesión de licencias.
Esta se reanudará en diciembre, según la nueva normativa, que compactará las 201 actividades por cuenta propia permitidas en Cuba en solo 123 para “una reducción de los trámites” sin eliminar oficios ya autorizados.
La noticia ha recibido, en general, una buena acogida por los cada vez más cubanos que buscan hacerse un hueco en el sector privado tras años de férreo control estatal bajo el sistema comunista establecido en la Revolución de 1959.
“Yo estoy operando sin licencia, por lo que me pagan menos y me arriesgo a problemas legales, así que aplicaré a una en cuanto pueda”, comenta a Efe Yessdy M., que abandonó su puesto de programador en un banco estatal para reparar ordenadores por su cuenta, lo que le aporta más del triple de su sueldo como funcionario.
El número de cuentapropistas en Cuba ascendía en mayo a 591,456, según datos oficiales, lo que supone un fuerte crecimiento desde los 157,531 del año 2010 y comprende el 12% de la fuerza laboral del país.
La mayoría de negocios privados se concentra en la elaboración de alimentos y comidas, el transporte y el arrendamiento de viviendas, en parte para dar servicio a los más de cuatro millones de turistas que visitan Cuba cada año.
También se han popularizado otros negocios como la venta ambulante, tiendas de regalos o manicurista como Chuli, una mujer de 45 años que cada día arregla y pinta las uñas a decenas de cubanas y extranjeras en su pequeño puesto del barrio de Habana Vieja.
“Los cuentapropistas deberíamos ser la mayoría. El cubano debe tener su negocio propio para depender de uno mismo y no del país”, declara a Efe esta emprendedora, tras asegurar que su salto del sector estatal al privado le ha permitido dejar de vivir al día e incluso “comprar muchos arreglos para la casa”.
Las nuevas medidas también incluyen modificaciones para “ordenar” el transporte de pasajeros, uno de los temas más sensibles en la isla, donde ahora se exigirá como requisito un carné de conducir válido y se limitará el alcance territorial de la licencia.
“Espero que los cambios sean para bien. Necesitamos más libertad de trabajo”, explica Roly González, propietario de un “almendrón” (vehículo estadounidense anterior a 1960 que realiza rutas de pasajeros en La Habana), quien lamenta “no llegar a fin de mes” ya que los precios de viaje estipulados por el Estado no le permiten cubrir los costosos gastos de las piezas y reparaciones.
Así, se pondrá en vigor en diciembre un “experimento” en La Habana con más de 6.000 chóferes de vehículos de pasajeros en 23 rutas, a quienes se ofrecerán herramientas, piezas y combustible a precios subsidiados, según la nueva normativa.
En cuanto al arrendamiento de viviendas, una de las actividades que se ha multiplicado en todo el país, destaca en las nuevas normas el levantamiento de la limitación que prohibía a los propietarios rentar sus espacios a personas jurídicas.
