El Gobierno cubano dio a conocer este viernes varias normas para reforzar su hasta ahora escasa legislación sobre protección de la propiedad industrial, un conjunto de decretos y leyes que buscan blindar la transferencia de conocimientos y tecnologías cubanas en negocios de inversión extranjera.
Los dos decretos-leyes, tres decretos y cinco resoluciones, publicados este viernes en La Gaceta Oficial de la República, entrarán en vigor el próximo octubre dentro del proceso de instrumentación de la Política de Propiedad Industrial, aprobada en 2014.
Las normas establecen que los futuros contratos “no incluyan cláusulas restrictivas y abusivas” que limiten “la libertad de desempeño empresarial y comercial de las entidades cubanas en el proceso de inversión nacional y extranjera”, explicó la directora de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), María de los Ángeles Sánchez.
“Es importante que se garantice que las disposiciones de propiedad industrial preserven los conocimientos e innovaciones tecnológicas preexistentes de la parte cubana y sobre la protección de los resultados futuros que se puedan realizar a partir de la colaboración”, precisó Sánchez a la prensa oficial.
Las nuevas medidas protegen además contra las “prácticas desleales” en actividades industriales o comerciales, entre ellas el uso de una reputación ajena, el empleo de logotipos y marcas de otros, la falsificación y el perjuicio a otros a través de la publicidad.
También regulan los “malos actos relacionados con la información no divulgada” de valor comercial e industrial y dictaminan el límite de su uso para mantener su confidencialidad.
Estas normativas detallan asimismo los procedimientos para las solicitudes de patentes industriales e incluyen una guía metodológica para la gestión de la propiedad industrial de los diferentes actores sociales.
Desde la llegada al poder en abril pasado del presidente Miguel Díaz-Canel, el Ejecutivo cubano ha dado luz verde a varias normativas nuevas, publicadas entre julio pasado y el presente agosto en la Gaceta Oficial.
Entre ellas resaltan las modificaciones que simplifican el camino para la inversión extranjera en la isla y endurecen los requisitos para los trabajadores privados, un sector en auge que representa el 12% de la fuerza laboral del país.
El Gobierno cubano también dio a conocer esta semana la actualización de su política de entrega de tierras estatales entre las que destaca la extensión de diez a veinte años del periodo de posesión a personas naturales.
