Santo Domingo.- La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y la Procuraduría del Paciente de Puerto Rico (OPP) firmaron este jueves un convenio de colaboración en el que se comprometieron a trabajar juntos en materia de defensoría ciudadana.
El acuerdo fue rubricado por Nélsida Marmolejos, titular de la DIDA, y Carlos Mellado López, procurador de la OPP, durante los trabajos del Foro Regional Latinoamericano sobre Protección Social: Seguridad Social y Defensoría Ciudadana, celebrado en el hotel Sheraton de esta ciudad.
El acuerdo establece la colaboración mutua entre ambas instituciones en lo referente a las reglas y políticas adecuadas sobre la seguridad social, mecanismos para un mayor conocimiento por parte de los afiliados de sus derechos, intercambios de informaciones para prevenir conflictos, así como intercambiar estudios realizados sobre la defensoría ciudadana.
Sobre el desarrollo del foro, Marmolejos dijo que se abrieron mesas de trabajo para tratar la protección social, temas defensoría ciudadana, seguridad social en salud y políticas sanitarias, informalidad y trabajo decente, derechos sociales y defensoría en la seguridad social, tendencia internacional y nuevos enfoques de los modelos de pensiones de América Latina.
Los participantes de este foro coincidieron en que todas las organizaciones del Estado deben realizar acciones conjuntas que produzcan en la población un empoderamiento de los derechos que les brinda el sistema.
Recomendaron además la modificación de la Ley 87-01 para adecuar los servicios de seguridad social a la población, ampliar su cobertura, eliminar los aspectos que causan retrasos en la entrega de beneficios y las exclusiones en la cobertura.
La directora de la DIDA dijo que se propuso la creación de estancias diurnas para los adultos mayores con el objetivo de proveerle una adecuada alimentación, higiene y recreación.
Otro planteamiento derivado de las conclusiones del evento, se refiere a la necesaria coordinación y articulación de políticas públicas que incluya el Ministerio de Trabajo (MT) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para resolver el tema de la evasión a la seguridad social por algunas instituciones del Gobierno.
