La actividad económica venezolana se contrajo 50.61% desde que el presidente, Nicolás Maduro, asumió el cargo en 2013, según informó este miércoles la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que controla la oposición.
El diputado Ángel Alvarado detalló que solo en el primer semestre de 2018 la actividad económica cayó un 25% en relación al mismo período de 2017.
Alvarado sostuvo que el origen de la crisis económica se encuentra en la caída de la producción de petróleo y de la actividad del sector comercio.
“El país con las mayores reservas petroleras del mundo produce menos petróleo que otros (…) desde todo punto de vista es injustificable, inaceptable que la producción petrolera venezolana (…) sea de apenas 1.2 millones de barriles de petróleo”, enfatizó el parlamentario.
Reiteró también que a la caída ya registrada en el sector comercio, se sumará el cierre de más empresas “debido a las medidas económicas del 20 de agosto (…) generando mayor desempleo, mayor hambre y mayor problema para la familia venezolana”, dijo.
El Gobierno de Maduro puso en marcha en agosto una reconversión monetaria que le quitó cinco ceros a la moneda y comenzó a circular una nueva familia de billetes con denominaciones más ajustadas a la hiperinflación.
El Ejecutivo también multiplicó por 35 el ingreso mínimo legal, junto a otras medidas como la fijación de precios de alimentos básicos, la devaluación de 95.8% en la moneda, el alza de impuestos o el aumento de las tarifas de transporte.
Según el parlamentario esto es consecuencia de “un modelo político de controles, de expropiaciones” que ha convertido a Venezuela en “el país más pobre de América Latina teniendo el potencial para ser el más rico de la región y del mundo”.
“Esa es la razón por la cual el pueblo venezolano está huyendo por los andes suramericanos, huyendo de esta crisis, huyendo del hambre, huyendo de la miseria”, lamentó Alvarado.
Según datos facilitados por Naciones Unidas, un total de 2.3 millones de venezolanos han huido del país desde 2014, dirigiéndose principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.
Pese a las cifras, el Ejecutivo niega que exista un éxodo masivo de sus ciudadanos al asegurar que el flujo migratorio del país es “normal”.
