El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha pedido intensificar la lucha contra el fraude en el bloque comunitario y a resolver las “deficiencias intrínsecas” que tiene el sistema de investigación actual, con el que únicamente recupera aproximadamente el 15% de los fondos que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) recomienda recuperar tras sus investigaciones.
En un informe publicado este jueves, los auditores europeos señalan que la protección de los intereses financieros de la UE “requiere medidas integrales y sistemáticas”, que pasan por “garantizar el liderazgo y reconsiderar las funciones y las competencias” de la OLAF.
El Tribunal de Cuentas europeo ha detectado que la Comisión Europea “no dispone de información completa y comparable” sobre los niveles de fraude detectados en el gasto de la UE, así como que “tampoco ha evaluado el fraude no detectado, ni ha realizado un análisis detallado de las causas por las que los actores económicos se dedican a actividades fraudulentas”.
Además, el estudio concluye que, con el enfoque actual según el cual una investigación administrativa de la OLAF va seguida de una otra penal a nivel nacional, “requiere mucho tiempo y reduce las posibilidades de enjuiciamiento”. Los informes de la OLAF, añaden, no aportan información suficiente para iniciar el proceso de recuperación de fondos pagados indebidamente.
En concreto, el Tribunal de Cuentas afirma que una media de 17 casos al año sobre los que la OLAF formuló recomendaciones dieron después lugar al enjuiciamiento de los defraudadores. También aducen que sólo aproximadamente el 15% del importe total recomendado por la OLAF fue efectivamente recuperado.
El comisario de Presupuesto, Günter Oettinger, ha remarcado que la Comisión Europea tiene “tolerancia cero” con el fraude, al tiempo que ha apuntado que “no hay nada realmente nuevo” en el informe del Tribunal de Cuentas, cuyas áreas de mejora “han sido ya identificadas y abordadas”.
El alemán ha recordado que 22 Estados miembros, entre ellos España, formarán parte de la Fiscalía europea que comenzará su actividad en 2020 y que la Comisión Europea ya propuso en 2013 reformar las competencias de la OLAF para mejorar el seguimiento de sus recomendaciones.
Los auditores, por su parte, destacan en el documento que la creación de la Fiscalía europea es “un avance positivo”, pero advierten de que el reglamento “plantea varios riesgos”. Uno de ellos, señalan, está relacionado con el hecho de que la detección y la investigación “dependerá en gran medida de las autoridades nacionales”.
Además, critican que no incluye ningún mecanismo que permita a la Fiscalía europea instar a las autoridades de los Estados miembros a que asignen recursos a la labor proactiva necesaria para la investigación de fraude en el gasto de la UE.
