La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha anunciado que la ley del Brexit que será sometida a votación en junio en la Cámara de los Comunes incluirá cambios para sortear las actuales suspicacias de los diputados, obligando a los diputados a pronunciarse por ejemplo sobre una posible unión aduanera “temporal” con la UE y un segundo referéndum.
May ha esbozado este martes en un discurso las grandes líneas del texto que prevé publicar el Gobierno en los próximos días y que, según los planes del propio Gabinete, será sometido a votación en la semana del 3 de junio. La Ley del Acuerdo de Retirada llegará por cuarta vez al Parlamento –“la última oportunidad”– sin garantías de salir adelante.
Para intentar lograr el apoyo que necesita de conservadores y laboristas, y tras las fallidas conversaciones con el principal partido de la oposición, la ‘premier’ ha explicado que está dispuesta a una solución de “compromiso” que posibilite que Reino Unido abandone la Unión Europea con garantías y no de forma abrupta, como ya plantean los ‘tories’ más radicales.
May ha admitido que cerrar el Brexit está siendo “más duro de lo que había previsto” y ha argumentado que, por su parte, ha hecho “todo lo posible”, incluso ofrecerse para dejar el cargo antes de lo previsto. “No es suficiente”, ha lamentado durante su alocución en la sede de PricewaterhouseCoopers, en la que ha instado a los diputados a revisar los detalles del nuevo plan.
El nuevo texto incluirá una “obligación legal” para que el Gobierno busque “alternativas” al plan de emergencia que la UE ha planteado para la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Esta salvaguarda, denominada ‘backstop’ en la jerga comunitaria, entraría en vigor en diciembre de 2020 si antes las partes no han logrado un acuerdo sobre el estatus que debe regir en dicha frontera.
En este sentido, May aspira a dejar claro que Irlanda del Norte no quedará bajo una regulación distinta a la del resto del país, uno de los temores expresados de forma recurrentes por las voces que critican el acuerdo de divorcio con la UE.
El Gobierno británico ha planteado también garantías en materia de medio ambiente o derechos de los trabajadores, según una May abocada a hacer equilibrios entre el deseo generalizado de poner fin a la libertad de movimiento con la UE y quedar fuera del mercado único y la voluntad de lograr un intercambio comercial “con las menos fricciones posibles”.
“El área más difícil es la cuestión aduanera”, ha reconocido la primera ministra, quien ha lamentado la falta de consenso en este tema con el Partido Laborista. La oposición reclamaba la permanencia en la unión aduanera y May ha accedido ahora a ella pero solo de forma “temporal”, hasta las próximas elecciones generales.
La decisión última sobre esta unión “temporal” recaerá por tanto en el Parlamento, que llegado el caso deberá pronunciarse también sobre la posibilidad de celebrar un segundo referéndum para preguntar de nuevo a la ciudadanía sobre la relación de Reino Unido con la UE.
May, que ha vuelto a rechazar esta segunda consulta, ha explicado que quienes defiendan esta vía deberán decir ‘sí’ a la ley. Votar en contra, ha advertido, implicará en última instancia “rechazar el Brexit”, ya que considera que el Parlamento hará todo lo posible para evitar un divorcio abrupto y el país quedará abocado a la celebración de elecciones anticipadas.
La jefa del Gobierno británico se ha mostrado también dispuesta a buscar cambios en la declaración política suscrita por los líderes con la UE y ha advertido de que, en cualquier caso, el acuerdo que se pueda aprobar ahora “no es la última palabra de la relación futura con la UE”, sino la “segunda piedra” de un largo camino que arrancaría con una fase de transición.
