La exministra francesa Christine Lagarde, gran conocedora del mundo de los negocios en Estados Unidos por su experiencia profesional y del sistema financiero internacional como directora gerente del FMI en los últimos ocho años, será la próxima presidenta del Banco Central Europeo (BCE).
Lagarde, liberal convencida se convirtió en 2011 en la primera mujer al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI) al sustituir a Dominique Strauss-Kahn, otro antiguo ministro francés que tuvo que dimitir enfangado en un escándalo sexual, y será de nuevo pionera reemplazando al italiano Mario Draghi al frente del BCE.
Una institución en cuyo órgano máximo, el consejo de gobernadores, sólo hay por ahora dos mujeres entre sus 25 integrantes.
Embajadora de la elegancia francesa ayudada por sus 1.80 metros de altura y su complexión atlética -en sus años jóvenes compitió con la selección de su país en natación sincronizada-, nació hace 63 años en París y estudio Derecho y Ciencias Políticas.
Empezó a trabajar como abogada en París, desde 1981 contratada por Baker McKenzie. En esa firma internacional trabajó como especialista en cuestiones laborales, de competencia y de fusiones y adquisiciones.
Fue escalando en la jerarquía ya instalada en Estados Unidos: entró en 1995 en el comité ejecutivo de este bufete estadounidense, cuatro años después pasó a ser su presidenta y en 2004 responsable del comité estratégico.
En junio de 2005 dejó la empresa privada para entrar en el Gobierno del presidente conservador francés, Nicolas Sarkozy, primero en la cartera del Comercio Exterior y dos años después como ministra de Economía y Finanzas.
Como responsable francesa de Finanzas -era la primera mujer en ese puesto- presidió el Ecofin en el segundo semestre de 2008 y luego el G20 durante la presidencia de su país en 2011.
Para evitar que Francia perdiera un puesto internacional tan relevante como el de director del FMI ante el escándalo de Strauss-Kahn, Sarkozy la propulsó para el cargo para reemplazarlo en julio de ese año y desde entonces pocos son los que han lamentado públicamente su decisión.
Cuando terminó su primer mandato cinco años después, tras haber intervenido en primera línea en la gestión de las crisis de la deuda en la zona euro, fue reelegida por consenso, sin que ningún otro candidato se hubiera presentado.
No fue siquiera un obstáculo el hecho de que unos meses después tuviera que sentarse en el banquillo de acusados en Francia por su responsabilidad como ministra en 2008 en la atribución de una indemnización multimillonaria al controvertido empresario Bernard Tapie.
Precisamente ese juicio a finales de 2016, con una peculiar condena por negligencia, pero exenta de pena, es la principal mancha de su biografía pública.
Los magistrados del Tribunal de Justicia de la República, una instancia especial para juzgar a miembros del Gobierno o exministros por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, decidieron no imponerle ninguna sanción teniendo en cuenta su “personalidad” y su “reputación internacional”.
