Ley 28-01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo para las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, está a punto de cumplir 11 años. Su revisión es inminente porque en vez de incentivar el empleo sólo ha servido para crear privilegios en detrimento del Estado.
La Asociación de Industrias (AIRD) advirtió el grave daño que se hace al sector industrial, a la imagen del país y a la seguridad jurídica permitir que una Ley fomente la competencia desigual, en franca violación a principios fundamentales de la Constitución dominicana.
Para la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) la legislación es “una distorsión dañina” y consideró alarmante el costo de ese marco legal para el fisco frente a los empleos que ha generado hasta ahora.
“Los industriales creemos válida la Estrategia Nacional de Desarrollo. Creemos en políticas equitativas que favorezcan la libre competencia. Creemos en que determinados privilegios se justifican sólo en determinadas condiciones y nunca en detrimento de quienes ya están establecidos. Creemos que los más de 350 mil empleos que generan las empresas industriales que no se benefician de esos incentivos deben ser preservados y fortalecidos”, expresó Ligina Bonetti, presidenta de la AIRD.
La empresaria señaló que es irracional que se fomente la creación de empleos en una zona a costa de empleos de empresas ya establecidas y de un enorme sacrificio fiscal para el Estado, reduciéndose la cantidad de recursos que puede dedicar el Gobierno al desarrollo de la zona fronteriza.
En el caso de los industriales de Herrera, Wadi Cano Acra dijo que inquieta y hace pensar el hecho de que de 61 empresas aprobadas por esa legislación sólo operen 46, generando apenas 4,369 empleos a un costo de RD$257,000 cada uno, para un sacrificio fiscal de RD$930 millones anuales en exenciones impositivas y US$91 millones en exenciones arancelarias.
El dirigente empresarial pidió a los legisladores, que tienen la misión de estudiar a profundidad la ley 28-01 en un plazo de 60 días a partir de la última reforma tributaria, pensar en que sólo tres de las 46 empresas establecidas bajo la legislación se benefician con el 80% de las exenciones fiscales.
Cano Acra y Bonetti pidieron al Congreso Nacional modificar la Ley 28-01 para eliminar las inequidades y la competencia desleal, tal como se estableció en el artículo 36 de la Ley para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible.
