La polémica reforma de las pensiones aprobada el martes por el Congreso de Brasil supone un alivio para las cuentas públicas del país, pero está lejos de ser la solución definitiva para impulsar el crecimiento de su economía y acabar con un déficit fiscal crónico, equivalente al 6.32% del PIB.
El Gobierno de Jair Bolsonaro pretende ahorrar más de 800,000 millones de reales (200,000 millones de dólares) en diez años con la medida, cuyo impacto fiscal se ha suavizado tras ochos meses de tortuoso trámite en el Parlamento.
Según diversos analistas consultados por Efe, la reforma de las jubilaciones es “importante” para enderezar el rumbo de Brasil, pero “insuficiente” para revertir un déficit público nominal que en los últimos doce meses hasta agosto fue de 444,700 millones de reales (unos 110,000 millones de dólares).
La diferencia entre los ingresos y los gastos, incluyendo el pago de los intereses de la deuda, se ha convertido en un problema crónico y en 2019 será de nuevo negativa, aunque con una tendencia a la baja.
En 2015 el déficit fiscal alcanzó el 10.22% del Producto Interno Bruto (PIB), en medio de una severa recesión que se extendió hasta 2016 y de la que Brasil aún se recupera tres años después.
Desde entonces redujo poco a poco ese porcentaje (en 2018 fue del 7.09% del PIB) con la receta de la austeridad, pero aún faltaba abordar una de las partidas de gastos más pesadas: las pensiones.
Representan alrededor del 13% del PIB, con previsión de dispararse en las próximas décadas ante el envejecimiento exponencial de la población.
Romper el candado de las jubilaciones ha sido el principal (y hasta ahora único) proyecto económico de envergadura del presidente ultraderechista desde que llegó al poder el 1 de enero y casi un año después está listo para su sanción.
“Creo que tal vez pueda amenizar el déficit fiscal, pero no creo que lo resuelva”, opina a Efe Luiz Barsi, presidente del Consejo Regional de Economía de Sao Paulo.
“Es muy importante, pero la reforma nace incompleta porque no alcanza a resolver el problema previsional de los (27) Estados y los (5,570) municipios”, explica el profesor Ulisses Ruiz de Gamboa, profesor de economía de la Universidad Presbiteriana Mackenzie.
¿Y ahora? Los esfuerzos del Gobierno por reducir el déficit fiscal continuarán en todos los frentes.
Primero con una serie de medidas para controlar más los gastos públicos, reducirlos en cerca de 30.000 millones de reales (7,320 millones de dólares), según las primeras estimaciones, y garantizar el cumplimiento del techo de gastos aprobado durante el mandato de Michel Temer (2016-2018).
Segundo, se estudia una reforma administrativa de calado que rebaje el salario inicial de los funcionarios y establezca nuevas reglas de contratación.
“No hay plata para pagar a tanta gente con sueldos, en promedio, muy por encima de lo que se puede ganar en la iniciativa privada”, asegura Ruiz de Gamboa, también investigador del Centro Mackenzie de Libertad Económica.
“Hay que atacar la estructura salarial del funcionario. Los salarios iniciales son muy elevados y la carrera es muy corta, eso significa que el coste es extremadamente elevado”, aprecia el economista jefe de Genial Investimentos, José Marcio Camargo.
La idea es reducir al mínimo el tamaño del Estado, objetivo prioritario del ministro de Economía, Paulo Guedes, un liberal ortodoxo de la Escuela de Chicago con carta blanca de Bolsonaro para diseñar las líneas estratégicas del Ejecutivo en ese campo.
En paralelo, y para incrementar los ingresos, el Gobierno seguirá con su ambicioso plan de concesiones y privatizaciones que incluye la venta de empresas del sector de infraestructuras, Correos, la Casa de la Moneda y Eletrobras, entre otras.
Solo con Eletrobras, el mayor grupo energético del país, el Ejecutivo pretende embolsarse 16,200 millones de reales (casi 4,000 millones de dólares).
Más lejana parece la reforma tributaria tan ansiada por las patronales y vista como imprescindible para aumentar los niveles de inversión extranjera y desburocratizar la economía.
Los especialistas consultados creen que llevará bastante tiempo modificar el sistema actual de impuestos, pues hay que poner de acuerdo a las tres esferas del poder: federal, regional y municipal.
Ya tramitan en el Congreso algunos proyectos al respecto que incluyen la creación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), una pelea antigua en Brasil y que pondrá a prueba, una vez más, la ya difícil articulación entre el Legislativo y el Gobierno.
Con todo, Bolsonaro espera impulsar el crecimiento de Brasil, de alrededor de un 1% en los dos últimos años y que en este 2019 rondará el 0.8%, según las últimas proyecciones, y reducir así una tasa de desempleo que amaga con estancarse por encima del 10%. Hoy está en el 11.8%, equivalente a 12.6 millones de personas sin trabajo.
