Las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y EdeEste (EDE) realizarán asambleas extraordinarias simultáneas el 4 de diciembre con la intención de ceder a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) los derechos de propiedad de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC).
De esta forma, la CDEEE, con un aporte de capital de 617 millones de dólares, sería la propietaria del 99.2% de la CTPC, mientras que el Fonper, con un aporte de 5 millones de dólares, tendría una participación accionaria de 0.8%.
A esos 622 millones de dólares, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda ha agregado como inversión en Punta Catalina 1,750.9 millones de dólares, por lo que, hasta mediados de octubre, el aporte total del Estado en la construcción de la CTPC es de 2,372.9 millones de dólares.
Una vez constituida, con una producción neta de 674 megavatios, CTPC venderá esa energía a las EDE de manera comercial y comenzará a generar dinero, por lo que, a partir de enero de 2020, se compromete a pagar los 1,750.9 millones que le debe al Estado, con un plazo de 30 años y a una tasa de interés de 9.7% anual, es decir, el equivalente a 15 millones de dólares mensuales durante 360 meses.
De esa forma el Estado recibe lo que ha aportado en la construcción y la CDEEE sigue como propietaria de la planta con base en los 622 millones de dólares que ha aportado para completar el costo de la construcción.
Pero hay un detalle. Antes de tasar a la CTPC para determinar su valor, es preciso, no solo que esté produciendo a plena capacidad, sino que se formalice el contrato de compra y venta de energía con las EDE, que seguro tendría una vigencia de 20 años y en donde se establecería el precio por kilovatio/hora a que le venderá la energía que produce con base en carbón mineral.
Lo anterior permitirá determinar el valor de mercado de la planta, el cual podría acercarse a los 3,000 millones de dólares y no sería menor de 2,500 millones de dólares.
Aunque ese proceso garantiza la recuperación de la inversión del Estado en la construcción de la CTPC, a lo cual se agregarían las ganancias comerciales de la operación de la planta y su aporte económico al contribuir con una reducción de los costos de generación en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), es necesario que el Estado obtenga esos recursos más rápido y no en un plazo de 30 años.
Por esa razón, se ha establecido la posibilidad de que la planta sea ofrecida al sector privado en una proporción del 49% de sus acciones. Para eso, la empresa Guggenheim Securities, contratada por el Ministerio de Hacienda para un eventual proceso de licitación y venta de acciones, ha diseñado el siguiente esquema: Una vez constituida, la empresa CTPC puede hacer una emisión de deuda en el mercado internacional por el valor de 1,750.9 millones, a una tasa de interés de mercado (tal vez menor que el 9.7%) y con un plazo, tal vez menor de 30 años. Con esa emisión, la CTPC le pagaría ese dinero de inmediato al Estado.
En forma adicional, si consideramos que la CTPC vale 2,500 millones de dólares (es seguro que será más), su valor de capital sería de 749.1 millones de dólares (2,500-1,750.9), por lo que al momento de ofrecer en venta el 49% de acciones de CTPC, el socio privado tendría que aportar 367 millones de dólares (49% de 749.1).
Así, el Estado estaría recibiendo casi la totalidad del dinero invertido en CTPC, es decir, 2,117.9 millones de dólares (1,750.9+367), mientras que continuaría siendo el dueño del 51% de la planta y absorbería el 51% de la deuda contraída para pagarle al Estado, en tanto que el socio privado asumiría el otro 49% de esa deuda.
No se puede olvidar que antes de emprender esa operación, el Gobierno tendría que recibir una autorización legal del Congreso Nacional y luego proceder con un proceso de licitación pública internacional, lo cual sería difícil de hacer en un año que como el 2020, es electoral.
