Por Ricardo Martner, economista y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT).
Años después de la publicación de los “Panamá Papers”, que mostraron cómo personas adineradas y poderosas usaron las guaridas fiscales para lavar dinero, evadir impuestos y ocultar su riqueza, es el turno de África de aparecer en los titulares de los periódicos del mundo entero. Con la reciente filtración llamada “Luanda Leaks”, el mundo supo que Isabel dos Santos, la mujer más rica de África, había recibido, junto con su marido, miles de millones de dólares del gobierno de su padre, en Angola, a través de un imperio empresarial que abarcaba más de 400 empresas en 41 países, muchas de ellas en las jurisdicciones más secretas.
Nada muy sensacionalista para los lectores latinoamericanos, acostumbrados a escándalos de corrupción entre sus élites. Pero en América Latina, como en el resto del mundo, las cataratas de revelaciones de la última década, gracias a valientes denunciantes y periodistas de investigación, han obligado a muchos gobiernos a enfrentar parcialmente la industria del secreto financiero y las redes de corrupción transfronterizas.
Es lo que demuestra la última edición del Índice de Secreto Financiero (ISF), un ranking publicado cada dos años por la ONG británica Tax Justice Network. En promedio, los países han reducido su contribución al secreto financiero global en un 7% respecto al 2018. Eso significa concretamente menos espacio para prácticas como la que utiliza la banca en la sombra, la propiedad anónima de compañías fantasmas o la propiedad inmobiliaria anónima, lo que a su vez limita las posibilidades para el lavado de dinero de todos los tipos de tráficos, la evasión fiscal y las enormes concentraciones de riqueza no gravada en paraísos fiscales.
En nuestra región, Ecuador demuestra su liderazgo en esta tendencia positiva, gracias, entre otros, a una excelente ley de registro de Beneficiarios Finales – que permite identificar a los verdaderos propietarios, muchas veces escondidos. De hecho, podemos considerar que es el mejor registro público en el mundo entero (trabajo atribuido al gobierno anterior). Por esta razón, Ecuador está en el puesto 120 en el ISF- cuanto más alto está una nación en el ranking, más opaca es – que lo pone como el más transparente de América Latina (teniendo en cuenta solo a los 16 países investigados).
Sin embargo, Ecuador es un caso único. La República Dominicana, aparece en el 107º, demostrando una mejora significativa en la lucha por una mayor transparencia (estaba en el 69 º hace dos años), y es el segundo país más transparente de la región después de Ecuador. Pero la República Dominicana, tal como Panamá o Costa Rica debe hacer esfuerzos del punto de vista de las visas de oro, que continúan siendo un problema para la lucha contra la opacidad financiera. De manera general, un reciente informe de Oxfam denuncia el hecho que la utilización de paraísos fiscales se multiplicó por cinco en Latinoamérica en un periodo de quince años.
Por supuesto, debemos recordar que las jurisdicciones más populares para las élites latinoamericanas son Bahamas, Caimán y Miami. De hecho, los mayores contribuyentes al secreto mundial no son los países latinoamericanos, sino los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, que reúne a los países más ricos del mundo, y del cual solo México y Chile son miembros en la región) responsables del 49% de todo el secreto financiero del mundo, según la medición del ISF en 2020. Esta participación se manifiesta de manera directa o a través de sus dependencias a las que externalizan parte de su secreto financiero, como las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Curazao o las Islas Caimán, lo que demuestra una notable hipocresía de los países más desarrollados del mundo. Utilizando los paraísos fiscales que forman parte de sus redes, facilitan algunas de las peores formas de secreto financiero, al tiempo que ejercen regulaciones más estrictas dentro de sus propias fronteras.
Pero también es un hecho que la fuga de capitales de América Latina por parte de las élites latinoamericanas y los extranjeros por igual ha estado socavando el desarrollo de la región durante décadas. La Cepal ha calculado, por ejemplo, que el costo de la evasión y la elusión fiscal en América Latina alcanzó un 6,3% del PBI en 2017, cifra equivalente a 335.000 millones de dólares. Tampoco se puede olvidar que las corporaciones, domésticas y trasnacionales, aprovechan los vacíos legales para esconder enormes ganancias tributables. Es justamente debido a ello que ICRICT (Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, de la cual soy miembro) aboga por un sistema tributario internacional reformado, que redistribuya las utilidades de las empresas a partir de la tasación unitaria de las multinacionales. Esto eliminaría en gran parte el beneficio de las guaridas fiscales que están dejando a los países sin recursos fiscales.
Las consecuencias son brutales. Esta falta de recursos impide a los gobiernos de invertir en servicios públicos, como educación, atención de la salud, servicios de guardería, agua potable y sistemas de saneamiento. La hemorragia financiera también exacerba la desigualdad de géneros, porque las mujeres están sobrerrepresentadas entre los pobres y entre las personas con empleos precarios o mal remunerados. Esta situación también obliga los países a recurrir a impuestos regresivos sobre el consumo, con lo que la carga fiscal se desplaza a los segmentos más pobres de la población.
Por eso es urgente que cada país latinoamericano aborde seriamente el tema de la transparencia financiera. Convertir la corrupción de las élites en un argumento contra los políticos, mediante la manipulación de los medios de comunicación y del poder judicial, puede ser sumamente peligroso para la democracia, como lo han demostrado varios episodios ocurridos en los últimos años en la región. Sobre todo, es una retórica ilusoria si los países no se dotan de instrumentos fiables y reconocidos internacionalmente para desenmascarar a todos aquellos que quieren seguir beneficiándose de la opacidad financiera. La República Dominicana, por ejemplo, debería requerir la registración de beneficiarios finales en registros públicos y online (para sociedades y todo otro tipo de vehículos jurídicos). Sería un instrumento esencial en la lucha contra la opacidad financiera y la evasión fiscal. También sería una oportunidad para que el gobierno se comprometiera eficazmente con los ciudadanos y se ganara su confianza.
Al final, la transparencia financiera es también una emergencia política. Al seguir haciendo la vista gorda a la corrupción y la evasión fiscal y al persistir en responder a la falta de recursos fiscales mediante programas de austeridad, los gobiernos están poniendo en peligro su legitimidad a los ojos de la población, abriendo de par en par la puerta a los movimientos radicales, con la consiguiente miseria y violencia.
