El Gobierno dio seguridades de que el proyecto de ley de disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), que sometió ante el Congreso Nacional, no plantea la eliminación o modificación del esquema actual de la cesantía que reciben los trabajadores cuando son despedidos, como han denunciado las centrales sindicales.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, calificó de infundadas las declaraciones del sector sindical de que el Gobierno dominicano pretende eliminar la cesantía en detrimento de los trabajadores a través del referido proyecto de ley.
Precisó, además, el texto sometido al Congreso ni siquiera hace referencia o mención alguna al Código de Trabajo.
“Queremos enfatizar que el proyecto de ley no plantea en forma alguna la eliminación o modificación del esquema actual de cesantía como han señalado algunas centrales sindicales. Estas informaciones son completamente infundadas y cabe resaltar que el texto sometido al congreso no hace siquiera mención alguna al Código de Trabajo”, dijo el funcionario en rueda de prensa desde el Palacio Nacional.
Espinal explicó que el Gobierno mantiene su propósito de eliminar el IDSS, debido a que se demostró que es obsoleto y drena recursos que deben destinarse al bienestar de la sociedad.
Enfatizó que es una decisión irrevocable del Gobierno mantener en el Congreso el proyecto de ley de disolución del IDSS, como lo es también, garantizar los derechos de los afiliados a este y de los trabajadores que conforman la institución.
Recordó que el artículo 4 del proyecto de ley de disolución del IDSS establece que se crea el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales (INARIL) como una entidad pública autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Trabajo, el cual tendrá a su cargo la administración y pago de las prestaciones del Seguro de Riesgos Laborales.
Asimismo, la contratación de servicios de salud para la atención de afiliados por enfermedades y accidentes laborales; la promoción de la prevención y control de los riesgos laborales, así como la administración de cualquier fondo o seguro de protección laboral en caso de desempleo o desahucio.
En este último punto, destacó que el Gobierno enviará al Congreso Nacional una modificación al texto del proyecto de ley de disolución del, en la que se excluye la mención del fondo de protección laboral, puesto que no variaría esencialmente la ley.
“Como ven, no hay mención alguna al Código de Trabajo, ni a la cesantía, ni mucho menos a modificación o eliminación de ésta; ni en ese artículo ni en ningún otro. Esta discusión, es decir, sobre la cesantía se ha mantenido en el diálogo tripartito y el Gobierno siempre ha sostenido que la decisión debe ser de común acuerdo entre todos los sectores participantes en dicho diálogo”, sostuvo.
Agregó que tampoco se menciona la creación de fondo alguno. Solo se habilita a que, si en el futuro se crease un fondo, el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales (INARIL) tenga la capacidad legal para administrarlo.
Espinal aseguró, que sería jurídicamente imposible que una ley adjetiva, como la propuesta de disolución del IDSS, modifique una ley orgánica como es el Código de Trabajo, aunque en ninguna parte del texto se plantea hacerlo.
