El Gobierno español propuso este martes que los autos con motor de combustión no puedan venderse en el país desde 2040, y deberían salir de la circulación para 2050, según el proyecto de ley del Clima que aprobó el Ejecutivo.
El texto busca impulsar el automóvil eléctrico y las energías renovables para alcanzar unas emisiones de dióxido de carbono iguales a cero en 2050, y con el objetivo de reactivar la economía tras la crisis causada por el covid-19.
Uno de los objetivos principales del proyecto, que debe ser aprobado en el Parlamento, es que los vehículos de uso particular y comerciales ligeros nuevos que se vendan en España tengan emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro no más tarde de 2040.
Para ese fin se instalarán progresivamente puntos de recarga eléctrica en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, en la actualidad el 10 por ciento de la red. Además, fomentará el uso de bicicletas.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética se ajusta a los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático, como el Acuerdo de París, y destaca el propósito de España de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Las energías verdes ganan peso en el conjunto de la economía, y así para 2030, al menos un 70 por ciento de la electricidad deberá generarse con energías renovables y al finalizar la próxima década, como mínimo, el 35 por ciento del consumo final de la energía también deberá ser verde.
Esta ley busca un modelo de desarrollo “inclusivo y sostenible”, pero también puede ser una “oportunidad” para orientar la recuperación económica tras la crisis en la que ha caído el país por la pandemia de coronavirus, afirmó la vicepresidenta cuarta y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Según los cálculos del Gobierno, la transición ecológica atraerá más de 200,000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generará entre 250,000 y 350,000 empleos netos anuales, mientras que las inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables supondrán un empuje al producto interno bruto nacional (PIB).
Con la entrada en vigor de la ley se pondrá fin a la fractura hidráulica (“fracking”) para la extracción de gas y se dejarán de otorgar nuevas autorizaciones de exploración, investigación o explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional.
