Tras 29 días de haber iniciado el incendio en el vertedero de Duquesa, cuya humareda afectó a gran parte de la población del Gran Santo Domingo en medio de la pandemia por el covid-19, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) resaltó la necesidad de una Ley General de Residuos Sólidos para evitar estos problemas medioambientales en el futuro.
Mediante una infografía, ilustró que en el país hay más de 350 vertederos a cielo abierto, y que el estado de emergencia sanitaria provocado por el nuevo coronavirus traerá consigo un incremento de los residuos provenientes de clínicas, hospitales y laboratorios, pero también de las personas que guardan confinamiento en sus casas, “por lo que se hace imprescindible contar con una adecuada gestión de estos residuos, ya que representan un componente de alto riesgo biológico”.
La entidad explicó que el tratamiento de los desechos sólidos es un problema que acompaña al país “desde hace décadas”, que sigue sin solucionarse debido “a una escasa regulación que no permite la identificación clara de responsabilidades por sector”, así como la carencia de una planificación “en la recolección y manejo de estos residuos”.
Del mismo modo, puntualizó la necesidad de una infraestructura diseñada para facilitar la recolección, clasificación y disposición final de la basura, que no ha sido demandada por los ciudadanos debido a una falta de concientización de éstos sobre la magnitud del problema y el rol que juegan en la administración de los desechos sólidos.
Agregó que las debilidades institucionales al momento de aplicar un régimen de consecuencias y las administraciones ineficientes por parte de los cabildos se suman a los factores que han impedido el éxito de los proyectos puestos en marcha para manejar la gestión de los vertederos, en especial el de Duquesa, en el que las autoridades finalmente anunciaron la extinción del incendio este lunes.
La Asociación recordó que el proyecto de Ley, a la espera de la aprobación del Senado en el Congreso Nacional, recoge los pormenores de un modelo de gestión de residuos basado en la economía circular, en el que prima “la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos (…) a través de estructuras que limiten la generación de nuevos desechos e incentiven su reaprovechamiento y reincorporación a la cadena de producción para conformar una nueva pieza”.
El nuevo modelo, que ANJE sintetiza en cuatro puntos, involucra a ciudadanos, entidades gubernamentales y empresas a la participación activa para lograr una correcta separación de los residuos que permita su reciclaje a través de infraestructuras y maquinarias que faciliten este proceso, así como una planificación que dé seguimiento al cumplimiento de los objetivos establecidos en este respecto y la inclusión de los recicladores informales o buzos a la economía formal para el mejoramiento de su calidad de vida.
En ese sentido, ANJE exhortó al Congreso a aprobar el proyecto de Ley, “sentando las bases para la regulación del sector, procurando todos los consensos posibles para tener una herramienta legislativa efectiva”.
También, exigió al Gobierno Central y a los ayuntamientos a ser proactivos y transparentes en la adopción de un modelo de administración de los desechos.
Por último, invitó a las empresas a asumir estrategias para reducir el impacto ambiental que producen, así como a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil a mantenerse vigilantes de las autoridades, y demandar “la solución definitiva y responsable del problema, recordando que cada uno de nosotros también es responsable del éxito de un nuevo modelo”.
