Honduras debe «reenfocar» sus políticas públicas de crecimiento, realizar cambios en su estructura productiva y «desestructurar» la corrupción para dar paso a un «nuevo ordenamiento social» después de la pandemia del coronavirus, alerta un estudio divulgado este jueves en Tegucigalpa.
«El cambio de enfoque, al menos durante tres años, de las políticas económicas y sociales implica responder de manera estratégica a lo que se puede anticipar», señala el documento presentado por el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh, privado).
El estudio titulado «Una respuesta eficaz y socialmente incluyente a la pandemia del covid-19 en Honduras: transformación integral que permita un nuevo ordenamiento social» destaca que la desaceleración económica mundial y del comercio implicará «grandes dificultades para colocar materias primas en mercados tradicionales».
Además, será inminente «la generalización del hambre y escasez de bienes básicos para el 70% de la población pobre y empobrecida», por lo que se podrían registrar «estallidos sociales más frecuentes» a medida avance la inmovilización social e individual.
Ante este panorama, el Fosdeh considera que es «impostergable» diseñar un paquete de medidas de «crecimiento hacia dentro que garantice un nuevo patrón de redistribución de ingresos».
Transformación productiva
«De frente a una institucionalidad quebrantada, es necesario reenfocar las políticas públicas de crecimiento hacia adentro», indicó el director del Fosdeh, Mauricio Díaz, en la presentación virtual del estudio.
En Honduras también es necesario realizar un cambio en la estructura productiva de los 31 principales valles, con el fin de aprovechar su potencial para garantizar las necesidades de alimentación de la población, enfatizó el director del Fosdeh, quien agradeció el apoyo del Consejo Nacional Anticorrupción.
«Hay tierra para poder sembrar lo que los hondureños necesitamos consumir», subrayó Díaz, quien aseguró que los 31 valles suponen un millón de hectáreas.
La respuesta gubernamental, señala el estudio, es concesionar tierras nacionales y ejidales para producir alimentos, «sin preocuparse de prestablecer si tienen realmente potencial productivo».
Nueva clase social de pobres
El Fosdeh prevé que surgirá en Honduras «una nueva clase social de pobres alcanzando incipientes rendimientos agrícolas», por lo que un retorno a una «normalidad» después del covid-19 implicará «fácilmente colocar la actual producción agrícola exportable».
Díaz considera necesario suspender por tres años la importación de granos básicos, carnes y lácteos amparado por los tratados de libre comercio, e impulsar un «gran pacto social para resolver los grandes problemas» de Honduras.
Lamentó que Honduras ha «perdido su capacidad de negociación, sino también su propia capacidad competitiva, pero también la más importante de garantizar alimento en la mesa de la hondureñidad», por lo que el país debe revisar los tratados de libre comercio.
El país requiere además «reconvertir» el modelo extractivista, porque los argumentos de aumentar el empleo, reducir la pobreza y atraer la inversión a través de ese sistema «han fracasado» pues la concesión minera y de generación de energía no han alcanzado «elementos mínimos de desarrollo» que contribuyan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfatiza el estudio.
Destacó la importancia de poner «un alto» de al menos cinco años en la concesión de proyectos de explotación minera para «evaluar los daños y desarrollar los marcos técnicos y de políticas públicas» que faciliten el desempeño del rol garante de los derechos humanos del Estado de Honduras.
Corrupción e impunidad
La corrupción y el sistema político en Honduras, enfatiza el estudio, «no son fenómenos que se obstaculizan entre sí, sino más bien se complementan en una simbiosis que beneficia a sus protagonistas y genera derrames colaterales al sistema judicial y al sistema de control gubernamental».
«Esta capacidad metamórfica de la corrupción precisa de enfoques permanentes de vigilancia y propuesta popular para que coadyuven en la transformación de los códigos de conducta a nivel de líderes partidarios y de la ciudadanía», señaló.
En Honduras «operan todas las formas de corrupción», pero según el Fosdeh y el Consejo Nacional Anticorrupción ese flagelo está «planificado y estructurado para los próximos 30 años».
Por ello, el Fosdeh recomienda «desestructurar su sistema operativo o perderemos el país», y señala además que para combatir la impunidad es necesario que el nuevo Código Penal no entre en vigencia.
El Parlamento hondureño aprobó a inicios de mayo, por segunda vez, una nueva prórroga para que el nuevo Código Penal del país entre en vigor hasta el 25 de junio.
La nueva ampliación de 45 días de la vacatio legis (en suspenso por vacación de la ley) del Código Penal, que entraría el 10 de mayo en vigor, venía siendo solicitada por varios sectores.
