La pregunta rebota de conversación en conversación: ¿Qué le espera al gobierno que se inaugura el 16 de agosto? Hay más de una respuesta y todas, absolutamente todas, dependen del cristal con que se mire el contexto y los actores.
Cobra mayor importancia en una situación de emergencia sanitaria, que a su vez se ha traducido en una profundización del déficit público, cuasi-paralización de las actividades productivas más importantes (turismo, zonas francas, inversión extranjera y remesas) y un entorno electoral que le agrega un ingrediente extra: la incertidumbre.
Durante las últimas semanas también ha sido notoria la depreciación del peso dominicano, de alrededor de un 8.9% en lo que va año, como consecuencia de un menor flujo de divisas en el mercado local. Las autoridades monetarias han tenido que intervenir en el mercado con alrededor de US$2,800 millones para contener la tendencia alcista de la tasa de cambio.
Lo que sí se sabe es que el próximo administrador del Estado tendrá que lidiar con una situación económicamente incómoda. Mantener la estabilidad macroeconómica, compitiendo con los efectos de la pandemia del covid-19 en la salud de los ciudadanos, ocuparán la atención de las próximas autoridades. A esto hay que sumarle la ingente necesidad de reactivar la economía para, mínimamente, cerrar el 2020 con el menor impacto negativo posible en el producto interno bruto (PIB).
Los datos preliminares son explícitos y llaman a preocupación. La caída de los ingresos fiscales, sólo entre marzo y junio de este año, fue estimada en alrededor de RD$106,000 millones por las autoridades, obligando al Gobierno a someter un proyecto de modificación presupuestaria que incrementó en RD$150,000 millones el que se había aprobado para todo el año, que fue de RD$997,119,172,943, lo que significa que terminará en RD$1,147,119,172,943 (un billón ciento cuarenta y siete mil ciento diecinueve millones ciento setenta y dos mil novecientos cuarenta y tres pesos), lo que equivale a un incremento relativo de un 15% respecto al Presupuesto originalmente aprobado.
Al referirse al proyecto de modificación presupuestaria, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, explicó que la reforma del presupuesto “busca reconocer la situación y el impacto a la economía que ha provocado la pandemia, así como la disminución en las recaudaciones y por otro lado el aumento en las necesidades de cubrir otras partidas que están vinculadas a las atenciones de la población”.
De manera parcial, según el funcionario, la caída de los ingresos fue compensada con recursos obtenidos de fuentes adicionales como el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), la Superintendencia de Bancos, entre otros, que suman RD$29,000 millones.
El balance general, que para este 2020 había sido estimado en un 2.0% del PIB, es decir, RD$96,193.2 millones, en términos absolutos llegaría aproximadamente a RD$246,193.2 millones, cerca de un 6% del PIB.
Para 2020, pero sin covid-19, las estimaciones preliminares apuntaban a una necesidad bruta de financiamiento de RD$216,345.5 millones, 4.6% del PIB, menor al 5.4% del PIB presupuestado para el año anterior. Este monto estaría compuesto por: requerimientos de financiación del resultado deficitario global estimado en RD$96,193.2 millones, un 2.0% del PIB, y aplicaciones financieras por RD$120,152.3 millones, 2.6% del PIB.
Cuando se suman los RD$150,000 millones adicionales, las necesidades brutas de financiamiento para este año ascienden a RD$366,345.5 millones, entre los que habrá de incluir los RD$40,000 millones que Hacienda emitió en bonos, traspasados desde el Banco Central, y que fueron (re) adquiridos por las cuatro principales administradoras de fondos de pensiones (AFP).
El presupuesto de este año contempló un financiamiento neto del Gobierno por RD$110,251,021,767, que surge de RD$246,295,821,767 de fuentes financieras aprobadas y RD$136,044,800,000 aprobados para amortizar la deuda pública, disminuir las cuentas por pagar y adquirir activos financieros.
La promesa de eficiencia establecida en el Presupuesto para este año incluyó mayores esfuerzos en términos de consolidación fiscal, dando continuidad a la estrategia orientada a disminuir las necesidades de financiamiento del sector público, a través de la generación de superávits primarios, con el objetivo de mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública en el mediano y largo plazo.
El plan era lograr la meta vía mejoras en la administración tributaria, menores transferencias corrientes, reducción del gasto de consumo del gobierno y priorización de la inversión pública hacia el desarrollo de proyectos de rentabilidad económica y social.
Sin embargo, todo quedó sólo en las intenciones tras la caída de los ingresos, por efecto del covid-19, y la necesidad de buscar nuevos financiamientos para hacerle frente a la emergencia sanitaria y financiar la asistencia social a través de los programas Quédate en casa, FASE y Pa’ ti.
Ante la emergencia, el Gobierno se vio en la necesidad de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad que aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia bajo el instrumento de financiamiento rápido (RFI) por US$650 millones. Este monto equivale al 100% de la cuota del país, es decir, DEG477.4 millones. Los recursos tienen como objetivo satisfacer las necesidades urgentes de la balanza de pagos derivadas del estallido de la pandemia covid-19.
En términos absolutos, las reservas internacionales netas del Banco Central cayeron en US$2,287.3 millones entre enero y mayo de este año, un 21.9%, al pasar de US$10,408.3 millones a US$8,121 millones. Sin embargo, los números al 14 de junio indicaban que ya estaban en US$8,008.9 millones, lo que indica que en las primeras dos semanas de junio cayeron en otros US$112.1 millones.
En términos generales, las próximas autoridades enfrentarán un mayor déficit fiscal como consecuencia de una caída de los ingresos fiscales, como consecuencia directa de los efectos de la pandemia en la economía, y una reducción del flujo de divisas por turismo, exportaciones y remesas. Esto se traducirá en la necesidad de hacer mayores esfuerzos para garantizar la estabilidad macroeconómica.
