El plazo de las negociaciones entre Argentina y sus acreedores privados para la reestructuración de la deuda del país finaliza este viernes, tras ser aplazado varias veces, sin un acuerdo firme y con ambas partes plantadas en sus posiciones, pero con confianza en un acuerdo.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha asegurado este viernes que la negociación con los bonistas avanza “entre tironeos”, pero con la confianza en que se alcance un acuerdo. “Tenemos la confianza de encontrar un punto de acuerdo con los acreedores, pero ninguna negociación es fácil”, ha añadido.
En esta línea, Fernández ha asegurado que la intención del país es que no se le vea como uno que no cumple con sus obligaciones y dejar la “triste manía de tomar deuda que después no se puede cumplir”. “Espero que pronto lo podamos resolver y nos vamos a volver a levantar”, agrega.
Las negociaciones entre los bonistas y el país sudamericano para reestructurar unos US$65,000 millones (€58,000 millones) parecían más cerca a principios de este mes, pero el pasado 17 de junio el principal grupo de bonistas, el Ad Hoc Bondholder Group, en el que se encuentran fondos de inversión como BlackRock o Fidelity, dieron por fracasadas las conversaciones con el Ministerio de Economía y avisaron de que estudiarían “todos los derechos y recursos legales disponibles”.
El grupo, que incluye a 13 administradores de activos internacionales y posee en torno a US$16,700 millones (€14,883 millones) de los títulos de deuda argentina, apostilló que hizo “todo lo posible para llegar a un acuerdo viable con el Gobierno argentino”, pero que, sin embargo, las autoridades optaron por “profundizar innecesariamente en el deterioro económico actual” al rechazar una “solución sensata y sostenible al problema de la deuda”.
La propuesta de estos acreedores incluía reducciones de en torno al 42% en los papeles, llevando la tasa del bono promedio al 3.6%, un alivio total del flujo de efectivo superior a los US$38,000 millones (€33,880 millones) para los siguientes nueve años y un “esfuerzo adicional” por parte del gobierno del 0.3% del PIB anual, distribuido a lo largo de los próximos diez años.
Sin embargo, la postura de Argentina es la de no aceptar reducciones que estén por debajo del 50% sobre la base del Valor Presente Neto (VPN), en línea con las recomendaciones del FMI.
El pasado 22 de mayo, Argentina entró en un ‘default’ tras el incumpliento de pago de US$503 millones (€449 millones) en tres bonos globales.
La nueva fecha clave, además del próximo plazo límite para las negociaciones entre bonistas y Gobierno, será el 30 de junio, cuando cumplen los pagos de varios bonos en dólares.
Si el Ejecutivo no cumple con el pago de dichos vencimientos a tiempo, el país dispone de un periodo de gracia de un mes, por lo que la fecha límite para pagar esos papeles antes de caer en otro ‘default’ será el 30 de julio.
