Planificación integral del sector eléctrico, realización de alianzas público privadas, transparencia en las distribuidoras, eliminación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y postergación de la discusión del pacto eléctrico, figuran entre los principales puntos que debería tomar en cuenta el próximo presidente que resulte electo este domingo 5 de julio.
Así plantearon Rafael Velazco, presidente del Comité de Energía de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR), y Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria (ADIE), durante el conversatorio “Futuro del sector energético: análisis de las propuestas presidenciales 2020-2024”, organizado por el consorcio de abogados Jiménez Peña.
La moderación de la actividad estuvo a cargo de las abogadas especializadas en materia de energía Katherine Rosa y Gisselle Valeria, del consorcio Jiménez-Peña.
“Nosotros hemos dicho públicamente, en reiteradas ocasiones, que no se necesita un pacto eléctrico. La regulación dominicana es suficientemente abarcadora y clara para arreglar todos los temas que tiene que ver con el sector eléctrico”, manifestó Cabral, aunque aclaró que no busca restarle importancia al acuerdo que se discute hace años.
Mientras, Velazco agregó que la discusión del pacto no necesariamente debe ser el punto de partida del próximo gobernante para desplegar acciones concretas en favor del sector energético dominicano.
Reflexionó, no obstante, que su discusión rescatería, entre otros, el tema de la tarifa eléctrica para que el sector sea autosostenible.
“Yo creo que las autoridades que surjan tras las próximas elecciones del domingo van a tener una oportunidad de oro, por los próximos 15 o 20 meses para poder hacer algo con la tarifa (eléctrica)”, dijo Velazco, al subrayar que el país está “disfrutando” unos precios de generación competitivos.
Tanto Velazco como Cabral analizaron el subsector eléctrico en sus diferentes segmentos de generación, transmisión, distribución y comercialización de energías renovables y convencionales, desde los planes de gobierno los partidos de la Liberación Dominicano (PLD), Revolucionario Moderno (PRM) y La Fuerza del Pueblo (LFP).
El ejecutivo de la ADIE ve con “buenos ojos” que los tres principales candidatos presidenciales: Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández tengan, en términos generales, “propuestas interesantes” en materia energética para corregir el mal manejo histórico de las distribuidoras de electricidad.
Planteó que, según un estudio, los comercios, industrias y hogares gastan más de US$500 millones al año en “paliar” los apagones, excluyendo el pago de la factura eléctrica.
“Las propuestas de los tres candidatos presidenciales son buenas. Es decir, muchas de las que ellos proponen serían cambios importantes en el sector”, sostuvo Cabral, al advertir que algunas deben ser revisadas porque “no van en sintonía con lo que se debe hacer”.
Velazco y Cabral coincidieron en que los planes de los distintos candidatos son bastantes “divorciados”, respecto a la estructura organizacional e institucional del sector.
Respecto a las reformas en el sector, señalaron la necesidad de reducir los tiempos en la “permisología” para los proyectos de energías renovables, ya que no son competitivos frente a otros países de la región.
Sobre la CDEEE, entienden que debe desaparecer porque no es necesaria para el “buen funcionamiento” del sistema. En esa línea, Velazco subrayó que Abinader promueve eliminar el rol intermediario de la CDEEE entre los generadores y las distribuidoras por ser una violación a la Ley General de Electricidad.
Mientras que Castillo, especificó el también economista y asesor de la Comisión de Integración Energética Regional en Acápite Centroamericana (Cecacier), propone su reformulación.
Cabral insiste en que “aquí el gran tema de nuestro sector es la debilidad financiera y de operación de las distribuidoras de electricidad. Estas operan con pérdidas de cerca del 30%, lo cual es inviable para cualquier compañía”.
Indicó que esta situación crea ineficiencia y hace que el Estado dominicano tenga que invertir “muchos millones de dólares” en subsidios.
Agregó que las distribuidoras deben ser auditadas anualmente para corroborar las cifras que ofrecen sobre las pérdidas. “Sin una planificación apropiada no es posible echar adelante el sector eléctrico”, puntualizó Cabral.
“Es voluntad política que se necesita para hacer un cambio real en las instituciones más que un cambio regulatorio”, añadió.
