Argentina divulgó una nueva oferta mejorada para reestructurar su deuda emitida bajo legislación extranjera y extendió el plazo de adhesión hasta el 4 de agosto, en lo que el Gobierno definió como “el último y máximo esfuerzo” para cerrar un acuerdo con los acreedores.
La nueva propuesta propone reducciones de capital, aumentos de cupones y vencimientos más cortos sobre los nuevos bonos que se ofrecen, precisó el Ministerio de Economía en un comunicado.
El Gobierno argentino ofrece además un bono denominado en dólares estadounidenses con vencimiento en 2030 o un bono denominado en euros con igual vencimiento que se entregará como contraprestación por cualquier interés devengado e impago desde la última fecha en que se abonaron los intereses en virtud de los bonos elegibles hasta el 22 de abril pasado.
La enmienda a la invitación al canje de bonos por US$66,238 millones que había sido oficializada el 22 de abril pasado será presentada este lunes ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y estará sujeta a partir de entonces a un período de suscripción que vencerá el día 4 de agosto, indicó el Ministerio de Economía.
Proyecto para reestructurar la deuda bajo ley nacional
El Palacio de Hacienda anticipó asimismo que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera.
“De esta forma, la Argentina estará cumpliendo con el compromiso de tratamiento equitativo para la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo legislación extranjera y bajo ley argentina, una decisión que consideramos importante para avanzar en la profundización del mercado de capitales, de modo que permita contar con una mayor disponibilidad de instrumentos de financiamiento y ahorro regidos bajo ley argentina”, sostuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán.
La nueva oferta, así como la propuesta para la deuda emitida bajo legislación nacional, “constituye el máximo y último esfuerzo que la Argentina puede hacer para con sus acreedores, sin entrar en una dinámica de vencimientos que ahogue la economía y comprometa seriamente la recuperación post pandemia”, subrayó el Palacio de Hacienda.
En el mismo sentido, el presidente argentino, Alberto Fernández, aseguró horas antes que esta oferta mejorada es “el máximo esfuerzo” que Argentina puede realizar y confió en que “las conversaciones, que están bien encaminadas, terminen bien”.
Las negociaciones con los tenedores de bonos, principalmente grandes fondos de inversión, atravesaron momentos de tensión por la brecha entre la propuesta argentina y sus aspiraciones, como también por diferencias en torno a cuestiones legales.
Acercar posiciones con los acreedores
La primera propuesta de reestructuración presentada en abril planteaba empezar a pagar la deuda en 2023, con una quita de 5.4% sobre el capital adeudado y una reducción de intereses del 62%.
Esta oferta inicial estaba valorada en US$40 por cada US$100 de deuda a reestructurar, lejos de los US$60 que reclamaban los acreedores en un principio.
Ante el poco interés de los acreedores y el creciente riesgo de entrar en un cese de pagos total como ya vivió Argentina a finales de 2001, el Ministerio de Economía realizó dos mejoras a su oferta, que rebajaron el período de gracia y llevaron la propuesta a unos US$50 por cada US$100 de deuda neta a canjear, mientras que los grandes grupos de tenedores de bonos rebajaron sus pretensiones a un rango de entre US$53 y US$55.
“Acá ni siquiera se le está pidiendo a alguien que pierda sino que deje de ganar lo que estaba ganando en exceso. El gobierno anterior dio condiciones insólitas a los títulos, condiciones que el mundo no daba. Y le permitió ganancias a esos acreedores que el resto del mundo no les reconocía. Yo les estoy pidiendo que ganen como ganan en el mundo, no que ganen como (el anterior presidente Mauricio) Macri los dejó ganar”, afirmó este domingo Fernández.
Argentina ya ingresó en mayo en un cese de pagos selectivo por el incumplimiento del pago de varios vencimientos de intereses de su deuda y el Gobierno apura las negociaciones de reestructuración para evitar que los acreedores decidan acelerar el pago de la deuda e inicien acciones legales.
