Los aeropuertos ocupan primacía en las actividades turísticas y de negocios de República Dominicana por la masiva entrada y salida de visitantes, así como por los ingresos y exportación de mercancías a diversas partes del mundo. Sin embargo, la llegada del covid-19 desde marzo pasado, cuando se registró el primer contagio, ha golpeado fuerte a este sector que lucha por recuperarse.
En mayo, el país registró un flujo de pasajeros de 12,785, cifra que representa alrededor de 4,000 visitantes adicionales, en comparación con el mes anterior: abril, el cual fue completamente afectado por el cierre de las fronteras para evitar la expansión del nuevo coronavirus, de acuerdo con el informe estadístico de la Junta de Aviación Civil (JAC).
La aprobación, mediante el Decreto 270-20, de la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, por parte de la gestión de Danilo Medina, el pasado 24 de julio, despierta el debate sobre su pertinencia en una zona que ya cuenta con dos grandes terminales de pasajeros.
La obra contempla una inversión inicial de US$200 millones y unos 7,300 empleos directos, indirectos e inducidos relacionados con la actividad aeroportuaria.
La autorización del segundo aeropuerto en la provincia La Altagracia, el tercero al Este de República Dominicana y el octavo internacional-comercial, ha encontrado opiniones a favor y en contra entre los distintos sectores sociales y productivos.
Entre los argumentos que cuestionan la obra resalta el hecho de que su autorización se produce en medio del proceso de transición que dará paso a la Presidencia del político y empresario Luis Abinader, quien deberá asumir el próximo 16 de agosto.
También, la cercanía de la obra que promueve el grupo Abrisa, de la familia Hazoury, con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que se encuentra a unos 18 kilómetros de distancia.
Ya el senador José Ignacio Paliza, quien encabezará la secretaría administrativa de la Presidencia en la gestión de Luis Abinader, planteó que el saliente gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no consultó al próximo gobierno para la aprobación del nuevo aeropuerto.
Advirtió que a partir del próximo 16 de agosto las recientes medidas tomadas por el Gobierno serán revisadas por la gestión de Abinader.
Actualmente el Aeropuerto de Punta Cana, inaugurado en 1984 como la primera terminal privada internacional, es el que más tráfico aéreo maneja en República Dominicana.
De los siete aeropuertos dominicanos que realizan operaciones internacionales-comerciales, en el período enero-mayo 2020, este fue el de mayor movimiento de pasajeros, con un total de 1,593,634.
El 99.9% de su tráfico total de visitantes fue registrado en los primeros tres meses del 2020, subraya el JAC, al informar sobre un año impactado por la crisis económica asociada a la pandemia del covid-19.
En 2019 por el aeropuerto de Punta Cana entraron al país 3,555,881 pasajeros y salieron 3,550,377, para un total de 7,106, 258 visitantes. Estas cifras representan una baja de un -9.3% al compararlo con el 2018, cuando registró un total 7,838,732 pasajeros entre llegada (3,927,130) y salida (3,911,602).
Para el abogado Namphi Rodríguez, más allá de razones técnicas, el presidente Medina autorizó el aeropuerto a menos de 20 días de abandonar el poder, a favor de la familia Hazoury, debido a algún supuesto conflicto con la familia Rainieri, que desarrolló y opera el Aeropuerto Punta Cana. Ambos grupos empresariales compiten en el sector hotelero.
El grupo Abrisa alega que el plan de negocios de su proyecto aeroportuario, “ha sido construido a partir del sistema tarifario actualmente vigente, sobre el que se implementará una política orientada a reducir las tarifas, cargos y derechos comerciales aplicables a los transportistas aéreos y prestadores de servicios aeroportuarios en general para mejorar su eficacia, rentabilidad y competitividad”.´
También, que se propone desarrollar una gestión aeroportuaria “eficiente, moderna y pro-competitiva que contribuirá a un reordenamiento de la ecuación costo-beneficio del sistema aeroportuario nacional, en favor de la competitividad global-turística, en un marco de libre competencia, responsabilidad social, participación y solidaridad que hagan de República Dominicana un país mejor”.
Francisco Villegas, abogado y diputado electo de La Altagracia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) califica de “inoportuna” la aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
“En La Altagracia no tenemos agua en un solo hogar, eso incluye Verón, Bávaro y Punta Cana; pero estamos pensando en construir duplicidad de instituciones privadas con decretos al vapor a funcionarios políticos y no estamos pensando en los altagracianos”, criticó Villegas a través de su cuenta de Instagram.
Mientras, el abogado Francisco Albuez, residente en Higüey, municipio de La Altagracia, entre los que se oponen al aeropuerto de Bávaro están, a su juicio, los que actúan por encargo del grupo económico que ‘boicotea’ su construcción y los movidos por una agenda política que aprovechan el inoportuno momento del decreto para obtener “capital político”.
Esto, asegura Albuez, sin considerar los beneficios que generaría a la región Este, en términos de competencia, a pesar de haber dos aeropuertos cercanos, como Punta Cana y La Romana.
El de La Romana, en la provincia de su mismo nombre, entró en operación en diciembre de 2000 y es un aeropuerto comercial privado también al Este de República Dominicana, propiedad de Central Romana Corporation.
Otros aeropuertos a poca distancia entre sí
Mediante un audiovisual, publicado en el portal Bávaro digital, la empresa Abrisa resalta que el proyecto que contempla la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro “es la respuesta a la necesidad de asumir nuevos retos en materia de infraestructura aeroportuaria”.
La misma “complementará la infraestructura aeroportuaria existente, incrementando y superando su capacidad operativa y mejorando la conectividad del país”, asegura. Añade que el proyecto es “compatible con el espacio aéreo circundante”.
Cita que otros conjuntos de aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros, como los aeropuertos internacionales JFK, en Nueva York, y el Aeropuerto Internacional de La Guardia, tienen unos 15 kilómetros de distancia. Otras grandes ciudades como Berlín y Madrid operan en entornos con espacios aéreos mucho más complejos, resalta.
De acuerdo al portal Infotur Dominicano, en Latinoamérica la ciudad Sao Paulo, en Brasil, cuenta con el Aeropuerto Sao Paulo Congonhas (CGH) y el Aeropuerto Sao Paulo (GRU), cuya distancia entre los dos es de 29 kilómetros. En tanto, enfatiza que la ciudad de Londres tiene a seis aeropuertos cercanos: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, Southend y City Airport.
A nivel local, existen tres provincias con dos aeropuertos: Santo Domingo, con el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), el principal del país, inaugurado en 1959. Es uno de los más grande del Caribe, y el segundo más transitado del país después de Punta Cana.
El otro es el Aeropuerto Internacional La Isabela, que sustituyó al de Herrera por no cumplir con los estándares de seguridad para la aeronavegación. La distancia entre ambos es de 43 kilómetros.
La otra provincia con dos aeropuertos es Samaná. Tiene el Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch, ubicado en la comunidad El Catey. Inició sus operaciones en noviembre de 2006, recibiendo vuelos internacionales semanales provenientes de importantes ciudades de Europa y América del Norte.
El otro es el Aeropuerto Arroyo Barril, ubicado en la comunidad que lleva su mismo nombre, utilizado para operaciones de vuelos domésticos. La distancia entre uno y otro es de 33.2 kilómetros.
En tanto los aeropuertos internacionales Gregorio Luperón, situado en Puerto Plata, de tipo público-militar, queda a 142.3 kilómetros de Samaná. ocupa el cuarto lugar de flujo de pasajeros al país. Fue remodelado en 2013 por un costo estimado de RD$536 millones.
El Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago de los Caballeros, es el tercero con mayor flujo de pasajeros. Queda a 34 kilómetros del de Puerto Plata.
Estos aeropuertos aprobados en distintos periodos presidenciales, al igual que el de Bávaro, cuentan con la autorización del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
