Debido a la crisis económica que afecta al mundo y a República Dominicana en particular, con sectores claves afectados por la pandemia que ha provocado el covid-19, el economista Wayne Camard consideró que el país debe adoptar un nuevo modelo de desarrollo y garantizar el rescate económico de las mayorías, ante la crisis generada por la pandemia.
En la disertación que tituló “La plegaria de serenidad y el impacto económico de covid-19”, Camard consideró que para salir de la crisis que afecta a la industria turística y grandes y pequeñas empresas de otros sectores, es necesario un cambio fuerte que garantice el apoyo a los desfavorecidos, para lo cual se necesitará “un aumento en los impuestos a la clase empresarial”. Recalcó que la tasa de presión fiscal aquí es muy baja, más que la africana y que la latinoamericana.
Sobre los RD$5,000 por mes que el gobierno otorga a parte de la población, a través del programa “PA TI”, dijo que éste podría evolucionar hacia un tipo de ingreso básico universal, el cual, aunque resultará costoso, ayudaría a las familias que se han quedado sin ingresos. También recomendó contemplar un programa de trabajos públicos para garantizar empleos para los más necesitados.
En una amplia exposición sobre el situación financiera y social del país, Camard recordó que República Dominicana avanzó en la ruta del desarrollo desde los años 50, cuando era el país más pobre del hemisferio occidental. Su desarrollo, dijo, se debió mucho a políticas que favorecieron sistemáticamente al sector empresarial. “Los resultados hablan por sí, pero es el momento para examinar si los cambios son los indicados”, indicó, para agregar que los países exitosos limitan la pobreza extrema y la desigualdad. En el contexto también planteó la necesidad de que el país se enfoque en las estrategias que contemplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
El Dr. Camard posee una larga experiencia como funcionario en el Federal Reserve Bank of New York, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), entre otras instituciones internacionales. Realizó sus estudios doctorales en Stanford University, The London School of Economics y Williams College.
En la exposición, que moderaron el comunicador social Jorge Espinosa y el coordinador del Centro de Economía de Funglode, David Pimentel, Camard resumió en tres aspectos las medidas de rescates que sugiere: Apoyo a las familias y particulares, para que sobrevivan; a las empresas, para que prosperen, y al gobierno, para que asuma su papel.
¿Qué podemos cambiar? Fue una de las preguntas que se hizo. Y entre las respuestas incluyó su opinión de que las suspensiones no pueden continuar frente a trabajos que no volverán, mientras se haya que reducir programa FASE y proceder a desahuciar a empleados.
Para estas medidas, sugirió que el gobierno desarrolle programas de apoyo a muchas empresas que no tienen recursos para las prestaciones laborales. Como los desahuciados necesitarán más apoyo, sugirió una reforma al sistema de AFP para que sirva como seguro de desempleo; y para crear nuevos empleos, recomendó dar incentivos fiscales para nuevas inversiones rápidas, además de que el Ministerio de Industria y Comercio trabaje con el sector privado para atraer empresas norteamericanas con interés en nearshoring.
Disciplina y reforma fiscal
El gobierno necesita recursos, por lo que hay que restablecer la disciplina fiscal, fue otro de sus planteamientos. Manifestó que ha llegado el momento de una reforma fiscal que permita estabilizar la economía en el 2021.
Al tomar en cuenta que las empresas han generado una deuda fiscal importante de los últimos meses, dijo que “se puede considerar una amnistía fiscal para esos montos, junto con la disciplina fiscal”.
“El sector empresarial también enfrenta una acumulación de otras deudas de los últimos meses. Hay que encontrar la manera para reestructurarlas sobre algunos años para liberar su cash-flow. Podría ser posible utilizar Art. 51 de la Constitución, que podría permitir la indemnización posterior de los acreedores (caso de violación del derecho de propriedad) en estado de emergencia, para forzar una reestructuración uniforme”, consideró en parte de sus reflexiones.
Apuntó que hasta ahora el Banco Central (BCRD) ha inyectado sumas grandes en el sistema bancario, unos US$600 millones por mes.
También advirtió sobre los riesgos de una crisis de confianza si las reservas bajan mucho más de donde están.
