El Gobierno estadounidense mantuvo este miércoles silencio en la batalla comercial con la Unión Europea (UE) cuando se esperaba un anuncio acerca de si eleva los aranceles a varios productos europeos, entre ellos el vino y las aceitunas, mientras un grupo de senadores instaba a la Administración a suprimirlos.
Este miércoles se cumplía el plazo marcado por la Oficina del Representante de Comercio Exterior (USTR, en inglés) tras abrir hace meses un periodo de consultas públicas acerca de la pertinencia de esta nueva medida de presión comercial, que podría suponer pasar los aranceles actuales de entre el 10 y el 25% al 100%.
Entre los productos potencialmente afectados están el whisky escocés, el vino español y francés, y las aceitunas griegas y españolas.
Pese a la fecha límite marcada, la USTR evitó responder a las preguntas de Efe sobre la aplicación de la medida.
El titular de la USTR, Robert E. Lighthizer, conocido por su mutismo y escasas apariciones públicas, tiene previsto en su agenda intervenir mañana jueves en unas audiencias públicas sobre “prácticas comerciales extranjeras que pueden afectar a los productores estadounidenses de alimentos perecederos”.
No está claro si el representante de Comercio Exterior se referirá a los aranceles europeos durante su intervención.
Trump, quien ha hecho del proteccionismo uno de sus pilares políticos, tampoco se ha referido a la cuestión, aunque ha insistido en sus críticas a la UE, por considerar que se aprovecha comercialmente de EEUU.
Senadores piden suspensión de aranceles por pandemia
Esta semana se conoció que un grupo de trece senadores tanto republicanos como demócratas solicitaron formalmente en una misiva a la USTR a que retirase los gravámenes a los productos europeos ante la aguda crisis económica que vive EE.UU. por la pandemia del coronavirus.
“La demanda de estos productos ha caído, dejando a importadores y distribuidores con producto por valor de meses, muchos de ellos perecederos, en almacenamiento y tránsito sin una fecha final a la vista por la pandemia”, señalaron los senadores, entre los que figuran los demócratas Robert Menéndez y Dianne Feinsterin y los republicanos John Barrasso y Pat Toomey.
La sombra de una posible subida creció la pasada semana con el anuncio sorpresa de Trump de aplicar un arancel del 10% al aluminio de Canadá, apenas un mes después de ratificar el nuevo tratado comercial entre EE.UU., México y Canadá.
La medida enfureció al Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y avivó los tambores de guerra comercial de Washington con aliados tradicionales.
La medida es el último episodio de la disputa comercial entre la Unión Europea (UE) y EE.UU. a raíz del conflicto por los subsidios que recibió el constructor aeronáutico europeo Airbus en detrimento de su rival estadounidense Boeing.
En un esperado fallo arbitral, la Organización Mundial del Comercio (OMC) determinó en octubre pasado los efectos adversos para Boeing en relación con cinco campañas de venta de aviones que Airbus ganó entre 2011 y 2013, y que consideró que el fabricante estadounidense hubiese ganado de no haber existido subvenciones para el europeo.
Por ese motivo, la OMC dio luz verde a Estados Unidos para imponer gravámenes a productos de la UE y el Reino Unido por unos US$7,500 millones.
En junio, Airbus anunció que renunciaba a las condiciones preferentes en los créditos concedidos por España y Francia para la construcción de su avión A350, que fueron considerados por la OMC como ayudas ilegales.
Desconfianza transatlántica
Tras la adopción de esta medida, el comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, solicitó en julio a Washington que levantaran estos aranceles “injustificados”, sin respuesta hasta ahora desde Washington.
“La Unión Europea ha realizado propuestas específicas para alcanzar un acuerdo negociado en las prolongadas disputas transatlánticas de fabricantes de aviones civiles y sigue abierta a trabajar con EE.UU. para alcanzar una solución justa y equilibrada”, apuntó Hogan.
La UE y EE.UU. son aliados tradicionales, pero desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2017, se ha quebrado la confianza mutua y tanto Washington como Bruselas ven con recelo las acciones del otro lado del océano Atlántico.
