El Gobierno de Argentina anunció este lunes que logró una adhesión del 93.55% a su oferta de canje a acreedores privados para reestructurar bonos de ley extranjera por unos US$66,000 millones.
“El 99% de la deuda pública en moneda extranjera bajo ley extranjera ya ha quedado reestructurada. Esto se condice con una adhesión total al canje del 93.55%”, dijo el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández.
Guzmán destacó que la aceptación “masiva” lograda es fruto del proceso de diálogo que se estableció en los últimos meses con los acreedores, a los que Argentina presentó su primera oferta de canje el pasado 21 de abril.
De acuerdo a lo establecido en las denominadas cláusulas de acción colectiva (CACs), Argentina necesitaba niveles mínimos de adhesión de entre el 66.6% y el 85%, según las diversas series de bonos, para dar por aprobada la reestructuración e imponer el canje aún a los acreedores que no hubieran dado su consentimiento.
Guzmán precisó que el canje, que se hará efectivo el próximo viernes, permitirá que Argentina tenga un alivio de la deuda en la próxima década de US$37,700 millones y que la tasa de interés promedio que paga por los bonos emitidos baje del actual 7% al 3.07%.
“Esto pone a Argentina hoy en una situación muchísimo más sana y más sólida”, afirmó Guzmán, quien ha comandado las negociaciones con los tres mayores grupos de acreedores, liderados por grandes fondos de inversión.
El ministro celebró el “muy fuerte apoyo internacional” que a lo largo de esas conversaciones “complejas y duras” ha tenido de parte de actores como el G20 y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además de este canje, Argentina se prepara para reestructurar también su deuda en dólares bajo ley local por US$41,714 millones.
Por otra parte, el Gobierno de Alberto Fernández solicitó formalmente el pasado miércoles al FMI el inicio de negociaciones para refinanciar la deuda que el país suramericano tiene con ese organismo.
Concretamente, Argentina busca un nuevo programa de asistencia financiera con el Fondo que implique la reprogramación de los vencimientos por US$44,000 millones con el organismo que el país debería pagar entre 2021 y 2024, compromisos que asegura que no puede afrontar en los plazos establecidos.
