[dropcap]E[/dropcap]n junio se cumplirán dos años de la última revisión de salarios que se hizo en República Dominicana. Los representantes de los trabajadores, sustentados en la disminución del poder adquisitivo del salario, exigen un 30% de aumento salarial. Esta ha sido su propuesta básica en el Comité Nacional de Salarios, cuya sede está en el Ministerio de Trabajo.
En más de una oportunidad el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, ha referido que uno de los principales obstáculos que tiene la economía dominicana es el bajo nivel de ingresos de los trabajadores. La última vez que se refirió públicamente al tema fue en marzo, durante la Feria Financiera que celebró la entidad que preside.
Cada dos años se pone a prueba la capacidad de negociación de los representantes de los trabajadores y los patronos. Es una cuestión de sentido común y de saber que si la gente no puede consumir, producto de los bajos salarios, las empresas venderán menos y el Estado, por vía de consecuencia, recaudará menos. Es una cadena que debe ser sostenida sobre la base del consenso entre todos los actores.
Los empresarios, que se escudan válidamente en una reclasificación de las empresas para finiquitar satisfactoriamente las discusiones sobre un aumento salarial, están conscientes de la necesidad de mejorar los niveles de ingreso en el país.
Valdez Albizu lo dice con claridad meridiana: Si tú no pagas un salario razonable, la economía puede crecer, la productividad puede ser muy alta, pero el efecto no se derrama.
Lo que pedimos es que quienes tienen la responsabilidad de negociar y llegar a un consenso sobre el aumento de salario, sin importar del lado que estén, escuchen la advertencia u observación de alguien que día a día le toma el pulso a la economía y sabe muy bien dónde están algunas de nuestras principales debilidades como país.
De nada ha servido, y lo dicen los organismos internacionales que miden la pobreza, que el crecimiento que ha experimentado República Dominicana no se ha distribuido equitativamente en la gente.
Nuestros gobernantes, que sabemos llegan con la mejor de las intenciones a dirigir el Estado, no deben olvidar que hay provincias que se mantienen liderando el ranking de la pobreza, independientemente de quién esté en la administración pública.
Algo ha salido mal en la aplicación de las políticas de reducción de la pobreza. Los programas sociales impulsados desde el Gobierno, a juzgar por los resultados, no han surtido el efecto que se busca.
En este proceso de discusión de un aumento salarial debe haber conciencia desde todos los sectores. Los patronos, por un lado, deben ceder; y los sindicalistas que representan a los trabajadores también deben hacer lo propio. No podemos darle larga a la necesidad de un aumento salarial justo y equitativo.
De lo que se trata, con un mejor nivel adquisitivo, es de lograr que se derrame el bienestar del que han hablado nuestros gobernantes. Los empresarios y los empleados lo agradecerán.
