Los excluidos del sistema financiero en Perú son más de la mitad de su población, y su forma de moverse en las finanzas son causa y consecuencia de la rampante informalidad social y económica que, durante la pandemia, ha significado enormes dificultades para la entrega de subsidios a los más desfavorecidos.
Juliana Poma tiene 33 años, trabaja en Lima desde los 14 años, edad con la que llegó de su natal Huánuco para trabajar como empleada del hogar en la casa de un familiar. En toda su vida laboral, nunca vio la necesidad de tener una tarjeta de banco, ni le “interesó”.
“(Me) decían que te pueden engañar. Que tienes que pagar mantenimiento. La verdad es que no sé mucho de eso y no quiero meterme en algún problema con las tarjetas”, señala a Efe, desde su humilde vivienda en el cerro que alberga a la Agrupación Familiar Ampliación Cinco, en el distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado de Lima.
Como ella piensan al menos seis de cada diez peruanos, que no tienen una cuenta de ahorros en el sistema financiero formal por razones que van, según una encuesta nacional de la Superintendencia de Banca y Seguros peruana, desde no ver ninguna ventaja en contar con una (19%), desconocimiento (16 %) o no tener ingresos (13%).
Otros motivos son que no “lo habían pensado” (12%), que no se gana mucho (en intereses) (9%), que los bancos cobran comisiones (7%), o que piensan que el dinero no está seguro (7%).
FIilas para los subsidios
Como la mayoría de personas en Perú, desde el 16 de marzo Juliana tuvo que suspender sus actividades económicas y confinarse junto a su esposo y su hija de 10 años.
Su trabajo de costura de lencería para mujer, en el que ganaba alrededor de 350 soles (unos US$100) a la semana, se paralizó y tuvo que vivir de sus ahorros, ajustarlos y medirlos como si se pesaran en gramos.
Una vez accedió al bono familiar de 760 soles (US$217) que dio el Estado, casi cinco meses después de iniciado el confinamiento, debió hacer una fila de más de una hora, y con el riesgo del contagio que se multiplicó en esas circunstancias, para acceder a la ventanilla de un banco para cobrar en efectivo.
Esa ha sido la práctica, peligrosa con una pandemia desbocada, de los peruanos no incluidos en el sistema financiero que fueron beneficiarios de subsidios, unas 7 millones de personas.
Una cara más de la informalidad
“La informalidad financiera es un efecto de la informalidad general del país”, señala a Efe el economista y exministro de Producción Kurt Burneo, sobre un país cuyo 45% del producto bruto interno se asienta en el sector informal.
“Antes de la pandemia, 7 de cada 10 trabajadores estaban en condiciones precarias, con empleo de baja calidad. Entonces, si la gente recibe sus salarios pero no está en una planilla, si no hay cotización en el seguro de salud, una de las últimas cosas que hará un trabajador es meter su dinero al banco”, anotó Burneo.
Asimismo, los incentivos que da el sistema financiero para ampliar la bancarización son insuficientes. “Mantienen una tasa pasiva para las cuentas de ahorros similar a cero”, narró.
Por otro lado, aquellos con mayores recursos económicos, y cuyos montos podrían tener mejor recompensa, no tienen interés de tributar, e ingresar su dinero al banco podría ser objeto de intervención de la Sunat (la Hacienda peruana).
Ligeros avances
Pese a que Perú es uno de los países de Latinoamérica con un menor índice de bancarización, el avance en los últimos cinco años ha sido sostenido en los mayores de 18 años del país, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
Probablemente, debido a la coyuntura de la pandemia, el crecimiento ahora será mayor.
Según el viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social (Midis), Richar Ruiz Moreno, los bonos “han catalizado” los avances en inclusión financiera alcanzados por los programas sociales del Estado.
“Lo que han hecho los bonos es adelantarnos un poco, nos ha apresurado a efectivizar este proceso que es la inclusión financiera”, apuntó Ruiz, quien tuvo a su cargo las estrategias para asegurar que las largas filas iniciales en las afueras de los bancos, provocadas por quienes querían cobrar el subsidio del Estado, no volvieran a repetirse.
Entre las implementaciones de flujo de cobro se adaptó una banca celular, que asociaba un número telefónico a la identidad de una persona. Y para este último subsidio, anunciado por el Ejecutivo, se tiene previsto asociarse con diversas billeteras electrónicas.
Según cifras del Midis, gracias a los programas sociales Juntos y Contigo, alrededor de 700,000 usuarias beneficiarias son parte hoy del sistema financiero.
Educación financiera, tarea pendiente
Aún con estos logros alcanzados, para Ruiz, la inclusión financiera es algo más que tener una cuenta de ahorros y está profundamente sostenida en la educación financiera.
“La inclusión financiera no solo tiene que ver con el acceso, tiene que ver con la seguridad del usuario y con la educación financiera que tenga el usuario”, anotó.
A Juliana pudo haberle ido mejor con una cuenta de ahorros en esta pandemia, pero tampoco hay mucho dinero que guardar. Gasta casi la totalidad de sus ingresos en comida, sin contar el costo del agua, que debe comprar de una cisterna móvil, porque en su vivienda aún no se habilita la red de agua corriente ni de alcantarillado.
Aún con esa experiencia, piensa que cuando pueda volver a ahorrar, probablemente lo haga en “una alcancía” o “debajo del colchón”.
