Argentina concreta este viernes un millonario canje de bonos de ley extranjera clave para despejar el horizonte inmediato de los pesados compromisos de deuda y lograr así mejores condiciones para intentar reactivar su golpeada economía.
Tras conseguir una aceptación del 93.55% a su oferta de reestructuración, el país suramericano procede este viernes a emitir los nuevos bonos y entregarlos a los acreedores privados.
La reestructuración alcanza a US$63,375 millones y han quedado fuera del canje bonos por unos US$600 millones de un par de series de bonos que no alcanzaron los umbrales mínimos de aceptación por parte de los acreedores.
Según fuentes oficiales, a partir del canje externo, Argentina enfrentará vencimientos de los títulos externos por US$4,500 millones en el período 2020-2024, en lugar de los US$30,200 millones que hubiera que tenido que pagar sin la reestructuración.
Argentina tiene en marcha también un canje de bonos de ley local por US$41,714 millones y, cuando lo concrete, el alivio en los pagos de deuda para 2020-2024 se incrementa en US$12,300 millones.
Plataforma de despegue
El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, quien ha comandado las duras negociaciones que entre abril y agosto el país entabló con los comités de acreedores, ha señalado la importancia de esta reestructuración para “normalizar” la economía y tener una “plataforma de despegue” para la recuperación, tras dos años en recesión y un 2020 marcado por la pandemia de covid-19 y que culminará con una caída en el PIB del 12.5%, según pronósticos privados.
Guzmán ha destacado que el nuevo horizonte de deuda logrado no sólo trae alivio a las finanzas públicas, sino que además ayudará a crear condiciones de estabilidad cambiaria ya que habrá menor presión sobre las reservas monetarias, mejorará las condiciones de previsibilidad para el sector privado y bajará los costes de financiación en moneda extranjera de las empresas gracias a una mejora en la calificación de la deuda soberana.
El canje no resuelve, sin embargo, todos los problemas de deuda de Argentina.
El país debe acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cómo refinanciar la deuda por unos US$44,000 millones que debe pagar al organismo entre 2021 y 2024 y que el Gobierno de Alberto Fernández ya anticipó que no podrá afrontar.
Pero además el país debe lograr crecimiento económico en los próximos años para recuperar la solvencia y garantizar así los compromisos de deuda que asume con los bonos emitidos este viernes.
Para Gabriel Torres, vicepresidente y analista senior de crédito de deuda soberana de Moody’s, el canje “resuelve un dolor de cabeza” y le da al Gobierno “flexibilidad” y “tiempo para tomar decisiones” al extenderse los plazos de pago, pero “no resuelve los problemas de fondo” del país.
“Tal vez para el año que viene hay poco riesgo de default (cese de pagos) porque hay poca deuda que pagar. Pero el riesgo de default a más largo plazo sigue siendo muy alto porque no sabemos si el Gobierno va a poder financiar toda esa deuda”, advirtió.
Dudas que persisten
Para la consultora PwC Argentina, el acuerdo con los acreedores privados y la posibilidad de acordar con el FMI “son condiciones necesarias pero no suficientes para encauzar a la economía en un sendero de crecimiento”.
La auditora observó en un informe que la economía argentina enfrenta desequilibrios macroeconómicos, una alta emisión monetaria, inflación contenida, un mercado cambiario altamente regulado y un efecto de mediano plazo de la pandemia sobre la economía aún “incierto”.
“Por ello, habiendo resuelto unos de los varios escollos que la economía argentina tenía, la manera en que se gestionen los próximos desafíos para encontrar una salida de la crisis actual será clave de cara al futuro económico del país”, afirmó PwC.
El Gobierno de Fernández deberá en breve revelar algo del rumbo que planea darle a la economía cuando a mediados de este mes presente el proyecto de Presupuesto para 2021.
Guzmán ya anticipó que la meta fiscal, uno de los indicadores clave que miran tanto los acreedores como el FMI, será de un déficit primario equivalente al 4.5% del PIB, desde un resultado negativo proyectado para este año por consultores privados de entre el 7.6% y el 8.1% del PIB.
Para Torres, de Moody’s, queda por ver qué está dispuesto a aceptar el Gobierno en términos de condiciones del Fondo, en particular, cómo bajará el déficit y con qué fuentes genuinas piensa financiarse.
“El Gobierno va a tener que mostrar algún tipo de plan donde demuestre que tiene como objetivo bajar el déficit fiscal a través de muchos años hasta que haya finalmente una estabilidad”, señaló.
