El ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, dijo este miércoles que la retracción económica prevista para este año en el país será muy inferior a la inicialmente temida gracias a la rápida reactivación de las actividades que habían sido paralizadas para frenar la pandemia del coronavirus.
Guedes señaló durante un seminario económico que las proyecciones para la retracción del producto interior bruto (PIB) de Brasil en 2020 cayeron desde el 9% que antes preveían organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta estimativas de contracción que ahora varían entre un 4% y un 5%.
“Pero va a ser algo menor que eso. Estamos consiguiendo revertir la situación”, afirmó el ministro en un seminario virtual promovido por un banco internacional de inversiones.
Guedes explicó que la retomada de las actividades económicas en Brasil tras la paralización provocada por la pandemia se produjo a un ritmo mucho más rápido que el esperado por el propio Gobierno.
En informes publicados el martes, las agencias de calificación de riesgo Fitch y Moody’s dijeron que el rápido proceso de desescalada en Brasil ya se refleja en indicadores económicos más positivos y permite proyectar una retracción económica para 2020 menor a la inicialmente prevista.
Fitch redujo su proyección para la retracción de la economía brasileña este año desde el 7.0% hasta un 5.8% gracias a la gradual retomada de todas las actividades en Brasil.
Moody’s prevé que el PIB de Brasil se encogerá un 6.2% este año, muy por debajo de las proyecciones pesimistas hechas por otras agencias de calificación de riesgo en los últimos meses.
Ambas previsiones están próximas a la de los economistas del mercado consultados la semana pasada por el Banco Central y que dicen esperar una caída del PIB en Brasil del 5.3% este año, y son menos pesimistas que las de instituciones como el Banco Mundial y el FMI que calculan una retracción de entre el 8% y el 9%.
Pese a ser el segundo país con más muertes por covid-19 en el mundo, con unas 128,000 víctimas, y el tercero con más contagios, con 4.2 millones de casos, Brasil inició en mayo un rápido proceso de desescalada y reactivación gradual de las actividades económicas.
Desescalada no impidió retracción histórica en segundo trimestre
La desescalada no impidió que el país registrara una retracción histórica del 9.7% del PIB en el segundo trimestre del año frente al primero, aunque fue una caída menor a la inicialmente prevista y que se situó por debajo de la que sufrieron la mayoría de las economías emergentes y otros países latinoamericanos.
Como ya se había contraído un 2.5% en el primer trimestre, la economía brasileña entró nuevamente en recesión, tras tres años seguidos de recuperación de la grave crisis que sufrió en 2015 y 2016.
El Ministerio de Economía proyecta para este año una retracción del 4.7%, pero miembros del equipo económico han dicho que esa previsión será revisada hacia abajo debido a que consideran que el peor momento de la crisis ya pasó.
Guedes aseguró así que la recuperación dependerá de que Brasil prosiga con las “reformas estructurales” que viene promoviendo desde el año pasado el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que impulsa una política económica de corte liberal.
De acuerdo con el ministro, Brasil tiene que mantener las reformas, seguir con su proceso de privatización y adoptar medidas para garantizar el ajuste en las cuentas públicas.
“Estamos liberando el horizonte para las inversiones privadas. Habrá un boom de inversión privada en los próximos diez años”, subrayó.
Agregó que la reforma administrativa, que el Gobierno presentó a consideración del Congreso la semana pasada y que cambia los regímenes de contratación, remuneración y promoción de los funcionarios públicos, le permitirá al país un ahorro de 300,000 millones de reales (unos US$56,600 millones) en diez años.
Según Guedes, el ahorro para las cuentas públicas calculado con la reforma tiene en cuenta el texto enviado al Congreso, sin las enmiendas que le puedan introducir los parlamentarios.
Aclaró que, pese a que la reforma sólo se aplicará para futuros funcionarios y no afectará los derechos de los actuales, el Gobierno calcula que en los próximos diez años tendrá que renovar entre el 60 y el 70% de los empleados públicos, y agregó que los que ingresarán ya tendrán un salario menor y menos privilegios.
