El Gobierno italiano ultima la actualización de sus proyecciones macroeconómicas para 2020, con una caída del producto interior bruto (PIB) del 9 % y un incremento de la deuda pública de entre el 158 % y el 159 %, sobre las que basará sus Presupuestos Generales y su plan de reformas con el que pedirá el Fondo europeo de Recuperación.
El Gobierno transalpino debe presentar la actualización de su cuadro macroeconómico (en Italia llamado Documento Económico y Financiero) ante el Parlamento en torno al 27 de septiembre y, según los medios italianos, puede haber ligeros cambios respecto a los cálculos realizados en abril, casi dos meses después del inicio de la pandemia en el país.
Italia estudia para 2020 una caída de la economía italiana del 9 % (frente al 8 % estimada en abril) y una subida de la deuda hasta el 158-159 % del PIB (del 155.7 % de abril).
Además, el ministro de Economía, Roberto Gualtieri, ya ha avanzado en las últimas semanas que el déficit podría dispararse por encima del 11 % (del 10.4 % calculado en abril), como consecuencia de los tres paquetes de estímulos con ayudas de hasta 100,000 millones de euros aprobados por Roma para hacer frente a la crisis del coronavirus.
El Gobierno italiano elaborará estos pronósticos y después diseñará sus Presupuestos Generales y su plan de reformas que enviará a la Comisión Europea antes de finales de octubre con la intención de que sean analizados y aprobados, para recibir en el primer semestre del 2021 alrededor del 10 % de los más de 200,000 millones que le corresponden a Italia del Fondo europeo de Recuperación (dotado con 750,000 millones en total).
El Ejecutivo que dirige Giuseppe Conte está detallando un plan presupuestario que contará con intervenciones por valor de entre 25,000 y 30,000 millones de euros, la mitad procedentes del fondo europeo, según las mismas fuentes.
Las inversiones se distribuirían de la siguiente manera: unos 3,000 millones para la industria 4.0; otros 2,000 millones para planes «verdes» y 5,000 para ayudas a las regiones del sur.
Habría además una bajada de la presión fiscal que allanaría el camino hacia una reforma tributaria y que requeriría de unos 5,000 millones; y los 15,000 millones restantes irían a parar a medidas sociales, como la modernización de la educación y el sistema sanitario, y a cultura.
