Seis dominicanos acusados de recibir US$92 millones en sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht enfrentan a partir de este lunes el juicio en su contra, pero ahora en un tribunal ordinario, después de que el caso pasara más de tres año en la Suprema Corte de Justicia.
Los imputados son los exsenadores Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez y Tommy Galán; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, su supuesto testaferro Conrado Pittaluga Arzeno, y Ángel Rondón, exrepresentante comercial de Odebrecht en el país, quien está señalado como la persona que repartió los sobornos entre 2002 y 2012.
El juicio comenzó este lunes en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en una sesión dedicada por entero a cuestiones técnicas y a intentos de las defensas de desacreditar a la Fiscalía.
El caso estuvo en poder de la Suprema Corte debido a que Galán era senador, pero ese tribunal decidió en diciembre pasado derivar el expediente de los otros cinco a un tribunal ordinario.
A mediados de este año hizo lo propio con la acusación del exlegislador después de que este perdiera el cargo al ser derrotado en las elecciones del pasado 5 de julio.
La acusación
Los seis acusados responden a cargos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y, en caso de ser hallados culpables, podrían ser condenados a penas de entre tres y 20 años de prisión.
Varios de ellos fueron enviados a prisión tras desvelarse el caso, pero en la actualidad todos están en libertad mientras se decide su suerte en el juicio.
Al principio, el Ministerio Público acusó a catorce personas de recibir los sobornos, pero posteriormente excluyó a ocho.
Inicio del juicio
La defensa de los implicados dedicó buena parte de la primera jornada del juicio a presentar incidentes, y varios de ellos recusaron al Ministerio Público tras la decisión de la procuradora general, Miriam Germán Brito, de inhibirse del caso.
Germán Brito, quien está en el cargo desde el 16 de agosto, ha reconocido tener una relación de amistad con Díaz Rúa, motivo por el que decidió inhibirse en el caso.
La procuradora definió su decisión como “coherente” con la postura que mantuvo en la etapa en que se desempeñó como jueza de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con un comunicado emitido el viernes pasado.
Para los abogados de los acusados, debido a la decisión de la funcionaria, el Ministerio Público dejó de estar “técnicamente” representado en la audiencia, por lo que algunos, incluso, solicitaron el retiro de la acusación.
Los representantes del Ministerio Público, por su lado, calificaron de “vergüenza” la postura de los abogados, que atribuyeron a un deseo de extender “innecesariamente el proceso”.
El inicio del juicio estaba previsto para abril pasado, pero fue cancelado debido a la situación sanitaria provocada por el coronavirus.
Sobornos millonarios
De acuerdo con documentos publicados en 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó aproximadamente US$788 millones en sobornos en doce países latinoamericanos, entre ellos República Dominicana.
La empresa brasileña llegó a un acuerdo con la Procuraduría en 2017 por el que deberá pagar US$184 millones en varias cuotas, el doble de lo que admitió haber entregado en sobornos en el país.
La Fiscalía dominicana ha acotado la causa a 16 obras públicas licitadas entre 2002 y 2012, durante los mandatos de los presidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández.
Por falta de pruebas, excluyó de la causa la termoeléctrica de Punta Catalina, la mayor central eléctrica del país, que fue licitada en 2014 durante el Gobierno de Danilo Medina.
