La Unión Europea y el Reino Unido comienzan esta semana su novena ronda de negociaciones para acordar su relación futura una vez se produzca el Brexit, la última programada en unas conversaciones marcadas por los planes británicos de romper el acuerdo de retirada respecto a la frontera irlandesa.
La última de las rondas pactadas hasta el momento, que comenzará el martes y se extenderá durante cuatro días, volverá a los capítulos del pacto que han demostrado ser más espinosos hasta ahora, como la competencia justa y la pesca.
El negociador jefe europeo, Michel Barnier, y su homólogo británico, David Frost, supervisarán además las conversaciones sobre asuntos como comercio de bienes y servicios, energía o cooperación judicial.
Capítulos por resolver
Respecto a la competencia justa, la UE quiere que el Reino Unido se comprometa a que sus regulaciones en áreas como las ayudas de Estado, los estándares sociales y laborales o la fiscalidad no diverjan excesivamente de las comunitarias cuando el Reino Unido tenga acceso al mercado europeo como país tercero.
Bruselas teme que una relajación de las reglas británicas en estas áreas mientras el Reino Unido continúa intercambiando bienes y servicios con la UE vía un acuerdo de comercio pueda conllevar distorsiones en el mercado y en la competencia justa.
El Gobierno británico, por contra, cree que esta cesión comprometería su soberanía.
En el capítulo pesquero, el objetivo final para el sector comunitario es mantener una relación con el Reino Unido que sea lo más parecida a la actual, mientras que Londres apuesta por negociar anualmente las cuotas con los países del bloque, un arreglo similar al que se acordó con Noruega.
Carrera contrarreloj
El portavoz de Barnier, Daniel Ferrie, no quiso el viernes especular sobre el ánimo con el que Bruselas encara esta novena ronda y solo dijo que, “como ha sido el caso en los últimos cuatro años”, el negociador francés “no es ni optimista ni pesimista, pero está determinada a alcanzar un acuerdo”.
Ambos lados dicen compartir la meta de que el acuerdo esté listo para finales del mes de octubre con vistas a dejar margen para la ratificación parlamentaria tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido, un trámite que generó amplios retrasos en anteriores fases del Brexit por las reticencias de la Cámara de los Comunes en Londres.
El objetivo es que el acuerdo que regule estas relaciones futuras esté listo para entrar el vigor el 1 de enero, fecha en la que concluye el periodo de transición actual y el Reino Unido se desvinculará definitivamente de todas las estructuras y legislación comunitarias, convirtiéndose en un país tercero.
Los términos pactados por ambos recogían una posible extensión de este periodo, mucho más breve de lo inicialmente previsto, pero finalmente el Reino Unido se negó a solicitar una prórroga antes de que el 1 de julio expirara el plazo para hacerlo.
Markus J. Beyrer, director general de la patronal europea, BusinessEurope, dijo este domingo en un comunicado que “vamos sonámbulos hacia un precipicio” y que “ir de una completa integración del mercado a un escenario sin acuerdo tendría consecuencias devastadoras para las empresas, que ya están luchando contra el impacto del covid-19”.
Por ello, urgió a ambas partes a lograr a un acuerdo y se mostró convencido de que un “resultado razonable” aún es posible.
Reunión sobre el acuerdo de retirada
Antes de comenzar la ronda de negociación sobre la futura relación, el lunes mantendrán un encuentro los miembros del comité conjunto encargado de supervisar la implementación del acuerdo de salida de la UE, una ocasión para abordar de forma directa la polémica propuesta legislativa británica que modifica partes del acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea.
Presiden este organismo el vicepresidente de la Comisión para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, y el ministro del Gabinete del Reino Unido, Michael Gove.
Sefcovic había instado al Gobierno británico a retirar antes de final de septiembre la ley con la que quiere modificar la salvaguarda acordada para Irlanda del Norte, que a su juicio pone en riesgo el acuerdo de paz en la región.
Es por tanto previsible que la reunión del comité conjunto se centre en el llamado proyecto de ley de Mercado Interno, que modificaría algunas normas sobre la circulación de bienes entre Irlanda del Norte y la isla de Gran Bretaña, diseñadas para poder mantener abierta la aduana entre ambas Irlandas cuando el territorio británico haya quedado fuera de la unión aduanera europea.
Londres se niega por el momento a retirarla pese a haber reconocido explícitamente que viola la legislación internacional y a las críticas a nivel internacional y también doméstico.
