Los avances contra la corrupción pueden lograrse incluso en las condiciones más adversas, de acuerdo con lo que indica un nuevo informe del Banco Mundial (BM).
En un momento en que se han movilizado niveles sin precedentes de fondos de emergencia para responder a la pandemia de covid-19, el informe ofrece una mirada renovada a algunos de los enfoques y herramientas más eficaces para mejorar la rendición de cuentas de los Gobiernos.
El estudio “Mejorar la eficacia y la transparencia de los Gobiernos: La lucha contra la corrupción” hace hincapié en las distintas maneras de ampliar la eficacia de las estrategias anticorrupción en los sectores más afectados.
El documento actúa como una guía de referencia para los encargados de la formulación de políticas y los promotores de la lucha contra la corrupción, ya que se necesita continuar trabajando para ajustar la aplicación de las herramientas tradicionales.
“La pandemia de covid-19 ha provocado que los gobiernos usen sus gastos de emergencia a gran escala y velocidad con la intención de reactivar la economía y proteger a la población más vulnerable y pobre que sufre de manera desproporcionada. Al tiempo que los países emprenden el camino hacia una recuperación más resiliente e inclusiva, el uso prudente de los recursos escasos de manera transparente es fundamental “, consideró la directora gerente del Banco Mundial, Mari Pangestu.
“El progreso es posible en todos los entornos y estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado y abordar su impacto corrosivo”, añadió.
La pandemia de covid-19 ha traído aparejados enormes gastos de emergencia para los Gobiernos, que a veces no se han sometido a los sistemas de control habituales. Si bien la celeridad es comprensible, la falta de una supervisión adecuada expone a los Gobiernos a una serie de riesgos de corrupción que pueden poner en peligro la eficacia de sus respuestas.
Para fomentar una mayor rendición de cuentas, en el informe se insta a los Gobiernos a explicitar las medidas que adoptan, hacer cumplir las reglas, abordar los incumplimientos y solucionar problemas lo más rápido posible y con transparencia.
Abarca cinco áreas temáticas clave: adquisiciones públicas, infraestructura, empresas estatales, administración de aduanas y prestación de servicios, y temas intersectoriales tales como las iniciativas de gobierno abierto y GovTech, con ejemplos de estudios de casos de diferentes partes del mundo.
El reporte ha sido realizado con la intención de equipar a los empleados del sector público y a la sociedad civil con un conjunto modular de enfoques y herramientas que pueden utilizarse y adaptarse a los contextos nacionales específicos.
Los estudios de casos del informe muestran que las medidas para frenar la corrupción a menudo son oportunas y abordan esferas de vulnerabilidad específicas, cuando así lo permite el espacio político. Pero incluso cuando las medidas parecen tener un impacto aparentemente limitado, pueden constituir una base importante para avances futuros.
En Bangladesh, por ejemplo, la implementación de adquisiciones mediante gobierno electrónico, combinada con un aumento de la transparencia y la participación ciudadana, redujeron a la mitad la cantidad de licitaciones con un solo oferente, lo que mejoró la competencia significativamente, incrementó la cantidad de contratos adjudicados a empresas no pertenecientes al ámbito local y condujo a la obtención de mejores precios de los licitantes seleccionados.
Colombia actualizó su sistema de adquisiciones electrónicas a fin de publicar datos de libre acceso, siguiendo los estándares internacionales. En consecuencia, la cantidad de licitaciones con un solo oferente del organismo de caminos públicos (Invias), bajó del 30% al 22%, mientras que ciudades como Cali vieron un aumento de los procesos competitivos del 31% al 56% en aproximadamente dos años.
En Ucrania, los ciudadanos y la comunidad internacional reconocieron la importancia de que las autoridades públicas den a conocer sus declaraciones de bienes como herramienta clave en la lucha contra la corrupción. Los últimos datos muestran que cerca de 5.3 millones de documentos del sistema de declaraciones electrónicas están disponibles para el público.
Hasta mediados de 2020, el Alto Tribunal de Lucha contra la Corrupción de Ucrania manejaba 19 casos contra autoridades acusadas de presentar información falsa en el sistema de declaraciones electrónicas o de no presentar una declaración intencionalmente.
En Afganistán, el departamento de aduanas ha implementado progresivamente la informatización a nivel nacional en las operaciones de despacho. Si bien aún existen vulnerabilidades considerables y las pérdidas de ingresos en las fronteras continúan siendo un desafío considerable, los ingresos recaudados por la aduana se han multiplicado por siete entre 2004 y 2019, y el tiempo de despacho y la transparencia de las operaciones comerciales han mejorado notablemente.
El programa de reforma de las tierras de Ruanda contribuyó a manejar los conflictos en torno a este tema y condujo a un aumento de la eficiencia, la transparencia, la participación ciudadana y la creación de instituciones viables de gestión de la tierra. La automatización de los registros de tierras redujo los sobornos que se pagaban a los empleados de la oficina de registro, ya que la información pasó a ser de dominio público.
“Las instituciones son increíblemente importantes a la hora de aplicar las políticas públicas, hacer participar a la sociedad civil y garantizar una mayor transparencia en las operaciones del Gobierno”, dijo Ed Olowo-Okere, director de Prácticas Mundiales de Buen Gobierno del Banco Mundial.
“En el informe se destaca la importancia de complementar los métodos tradicionales de lucha contra la corrupción con mecanismos avanzados, como GovTech y las adquisiciones electrónicas, incluso en los entornos más adversos y frágiles”, señaló.
El Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y conocimientos para los países en desarrollo, está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance a fin de ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su respuesta frente a la pandemia.
En tal sentido, respalda intervenciones de salud pública, trabaja para garantizar el suministro de insumos y equipos clave, y ayuda al sector privado a continuar sus operaciones y preservar el empleo.
Destinará hasta US$160,000 millones en un plazo de 15 meses como apoyo financiero para ayudar a más de 100 países a proteger a los sectores pobres y vulnerables, apoyar a las empresas e impulsar la recuperación económica.
Este monto incluye US$50,000 millones correspondientes a nuevos recursos de la Asociación Internacional de Fomento que se ofrecerán mediante donaciones y préstamos en condiciones sumamente concesionarias.
