El comité ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado un acuerdo de 27 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo para Ecuador, por unos US$6,500 millones (€5,536 millones), según informó la institución en un comunicado.
La aprobación del organismo con sede en Washington permite un desembolso inmediato de US$2,000 millones (€1,700 millones), disponibles para el presupuesto del país.
El presidente del país, Lenín Moreno, ha celebrado esta aprobación a través de su cuenta de Twitter, donde ha explicado que los recursos “permitirán reactivar la economía, aumentar la protección social y fortalecer la dolarización”.
El programa contempla el acuerdo de emergencia que el FMI otorgó al país andino en mayo, equivalente a un 67.3% de la cuota o US$643 millones (€547 millones), y el Servicio Ampliado anterior aprobado en marzo de 2019, que fue cancelado en mayo de 2020.
El nuevo acuerdo, según el FMI, respaldará las políticas de Ecuador para estabilizar la economía, ampliar la cobertura de los programas de asistencia social, garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, y fortalecer las instituciones nacionales para sentar las bases de un crecimiento vigoroso, duradero y generador de empleo que beneficie a todos los ecuatorianos.
En una declaración oficial, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha destacado las “medidas sólidas para abordar la profunda crisis económica y sanitaria desencadenada por la pandemia de covid-19”.
“La respuesta de políticas de las autoridades combinó adecuadamente medidas a corto plazo para contener el impacto adverso de la crisis, e incluyó una importante inyección de liquidez y el aumento de las transferencias monetarias, así como firmes pasos iniciales hacia la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas”, explica Georgieva.
De su lado, la directora gerente ha resaltado el exitoso canje de deuda externa entre el país y sus acreedores externos, lo que propició un “alivio importante de liquidez” y ha indicado que las autoridades han obtenido, también, garantías financieras internacionales, que se complementarán con una consolidación fiscal “ambiciosa, pero realista, a medida que se afianza la recuperación económica”.
Georgieva ha detallado que las autoridades ecuatorianas se han comprometido a replegar las medidas relacionadas con la crisis conforme la economía empiece a recuperarse. Así, la sostenibilidad fiscal deberá estar anclada al tope de la deuda del 57% del Producto Interior Bruto (PIB) para finales de 2025, según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) de Ecuador.
Dicha sostenibilidad fiscal estaría respaldada por una combinación de una reforma tributaria progresiva a medio plazo y también por medidas de gasto que apuntan a alinear con Ecuador con sus vecinos regionales.
“La formulación temprana de una estrategia del manejo de la deuda, de las obligaciones de corto plazo, ayudaría a mejorar la estructura de vencimiento y coste de los pagos de amortización en 2022”, recomienda la directora.
Georgieva ha advertido de que será necesario implantar de manera oportuna las reformas previstas para promover la autonomía del Banco Central y fortalecer su marco institucional de manera más amplia para respaldar el compromiso con el régimen de dolarización, lo que requerirá “una fuerte coordinación entre los órganos de supervisión, que se facilitaría mediante el establecimiento de un Comité de Coordinación Financiera”.
