El caso del rescate financiero de Bankia, una de las instituciones financieras más grandes de España, ha tenido repercusiones en los ámbitos políticos y económicos de ese país. Bajo alegatos de fraude, el gobierno español accionó contra directores y ejecutivos del banco; pero recientemente, la Asamblea Nacional (un tribunal con jurisdicción nacional, pero no el tribunal supremo) absolvió a los acusados. Veamos el caso.
Bankia nace de la rápida consolidación de varias entidades de intermediación financiera de España, que se habían visto gravemente afectadas por la crisis mundial de 2008.
En 2011, se realiza una oferta pública de valores de Bankia, mediante el cual el 55% de la sociedad fue vendida a inversionistas, captando más de 3 mil millones de euros. Es importante resaltar que la oferta de las acciones en Bankia estuvo acompañada por una gran campaña mediática, mediante la cual se instaban a sus propios clientes e inversionistas pequeños de adquirir acciones en dicho banco.
Menos de un año más tarde, debido a las cuantiosas pérdidas y falta de capital de Bankia, se requiere el rescate financiero y nacionalización del banco. Con estas medidas, todos los inversionistas, incluyendo los pequeños inversionistas, perdieron toda su inversión en Bankia, ya que el rescate y nacionalización del banco conllevó la asunción por parte del estado español la participación accionaria completa del mismo.
Posteriormente, en el año 2012, se inicia un procedimiento penal contra 33 imputados, principalmente los altos ejecutivos y directores de Bankia, en el momento en que se realizó la oferta pública de valores. Básicamente, se les imputaba el delito de estafa a los inversionistas y de falsedad en la contabilidad financiera del banco.
A pesar de que el caso se inició hace casi 8 años, apenas hace días la Asamblea Nacional declaró absueltos a todos los imputados, bajo el criterio de que no había motivos para condenarlos. La sentencia de la Asamblea Nacional se fundamentó en el hecho de que, según su criterio, la oferta pública de valores contó con la aprobación de todos los supervisores, incluyendo el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y la Autoridad Bancaria Europea. Además, de que el folleto informativo de la oferta contenía una “amplia y certera” información financiera y no financiera.
Al criterio del tribunal, al momento en que inició su cotización en la bolsa, Bankia era financieramente viable, por lo que cuando se realizó el proceso de venta de las acciones, no hubo una estafa ni engaño de parte de los ejecutivos del banco.
Por igual, destaca en el juicio no se imputaron hechos concretos a los acusados por parte de los numerosos testigos ni en la fase de instrucción ni en el juicio o referencias documentales que se refirieran a ellos. De hecho, el tribunal cita que “en el acto del plenario nadie los nombró ni para bien ni para mal, de manera que la mayoría de las personas acusadas cayeron en el olvido. En el transcurso de este juicio, sólo recordaba sus identidades el Ministerio Público”.
Es menester resaltar que la sentencia puede ser objeto de un recurso de apelación, y es muy probable que lo sea. Sin embargo, no deja de ser un importante revés para las partes acusadoras, pues el proceso ha sido largo y complejo.
El desenlace, de permanecer así, sería triste para todas las partes, principalmente debido a que los inversionistas perdieron una importante cantidad de dinero, sin que se haya determinado si fue a causa de un fraude, o, por el contrario, hubo una falta de supervisión regulatoria.
