Por cuarto día consecutivo manifestantes mantienen bloqueos en una treintena de puntos de carreteras estratégicas en Costa Rica como protesta contra una eventual negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1,750 millones de dólares, que también traería consigo nuevos impuestos.
Este sábado las autoridades reportan una treintena de puntos bloqueados en el interior del país que evitan el paso hacia zonas productivas, turísticas, puertos y fronteras, mientras que en la madrugada la Policía empleó gases para abrir el paso en puntos de la zona norte.
Según la información del Gobierno, en los bloqueos participan este sábado alrededor de 900 personas.
La noche del viernes hubo actos de vandalismo en la provincia de Limón (Caribe) y en Pérez Zeledón (sur).
El Gobierno aceptó una propuesta de mediación de la Iglesia Católica, pero condicionada a que se levanten los bloqueos para iniciar una mesa de diálogo.
Las protestas son organizadas por un grupo denominado “Movimiento Rescate Nacional”, encabezado por personajes políticos como el excandidato presidencial José Miguel Corrales, y otros líderes sociales, que exige al Gobierno que desista de impulsar un acuerdo con el FMI.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, hizo un llamado a sus agremiados a sumarse a las protestas.
Los datos oficiales indican que las pérdidas para el sector agrícola ascienden a 37 millones de dólares debido a los bloqueos y que el turismo también se está viendo afectado, como por ejemplo la zona de La Fortuna, una de las más visitadas del país, reporta una cancelación de la totalidad de las reservaciones de hotel para este fin de semana.
También hay afectación al comercio internacional por bloqueos cercanos a la frontera con Panamá.
El pasado 17 de septiembre el Gobierno presentó a la opinión pública una propuesta para negociar con el FMI un acuerdo por 1,750 millones de dólares que tiene como fin enfrentar los efectos económicos causados por la pandemia de la COVID-19 y evitar una crisis.
La propuesta incluye nuevos impuestos como uno a las transacciones bancarias y la renta global, así como el aumento de otros tributos como el de la renta y el de bienes inmuebles.
Además, la iniciativa pretende fusionar algunas instituciones públicas y vender otras como el Banco Internacional de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Licores.
La propuesta gubernamental es rechazada por la oposición política, que critica los nuevos impuestos y el bajo recorte del gasto, mientras que sectores sindicales y sociales afirman que la propuesta representa un duro golpe a la clase trabajadora y a los sectores más vulnerables.
El Gobierno no ha presentado esta propuesta al Fondo Monetario Internacional, pues considera que primero debe haber una negociación política interna con los diputados como principales actores.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha defendido la iniciativa asegurando que no afectará a las personas pobres y que se trata de una opción “realista” para evitar una crisis mayor, aunque ha reconocido que impulsar más impuestos es “impopular”, “doloroso” y “una medicina amarga”.
