[dropcap]L[/dropcap]a Ley 28-01, que creó la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, sólo ha servido para generar competencia desleal en el mercado interno y su razón de ser, que fue la de incentivar fuentes generadoras de empleos y de riquezas para bajar los índices de pobreza en la frontera, ha sido desnaturalizada.
La legislación creó un tratamiento impositivo preferencial para las empresas que se instalen o se acojan al régimen en las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco. Sin embargo, la pobreza no cede y los proyectos que generarían riquezas no acaban de instalarse.
De hecho, las provincias Elías Piña, Pedernales, Bahoruco e Independencia, cuatro de las siete incluidas en la Ley 28-01, lideran los índices de pobreza, según el más reciente estudio que publicó la Unidad de Análisis Económico y Social, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El informe fue liderado por el especialista Antonio Morillo Pérez.
Elías Piña, la más pobre, registra un índice de pobreza del 83.2% y posee el municipio más empobrecido de República Dominicana: Juan Santiago. Pedernales es la segunda con un 74.6%, luego Bahoruco con 74.5% e Independencia con 72.9%. Estas cifras establecen que el efecto de la Ley de Desarrollo Fronterizo no ha surtido el efecto esperado.
Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, entre 2011 y 2013 el Estado dejó de percibir cerca de RD$8,000 millones por concepto de la aplicación de esta legislación. En 2014 se sumaron alrededor de RD$1,100 millones.
La legislación se inició con traspiés si se toma en cuenta que el reglamento de aplicación, que debió estar listo a los 90 días de su promulgación, tardó más de un año y luego, en 2005, fue reformulado bajo el Decreto 539-05. Las críticas por la forma en que ha sido aplicada la ley no han cesado. Los industriales dominicanos, establecidos bajo la regularidad del sistema impositivo, han sido sus peores contrarios a la legislación.
INDUSTRIALES
El presidente de la Asociación de Industrias (AIRD), Campos de Moya, considera que Ley 28-01 ha sido distorsionada y sólo ha generado competencia desleal en perjuicio de la empresa que sí paga impuestos, ya que debe competir con aquellas que tienen las ventajas de las exoneraciones tributarias.
Indicó que la legislación fue creada para promover fuentes de empleos, pero que las empresas localizadas en la zona fronteriza hacen todo lo contrario y no emplean a gran cantidad de personas. Además, señala que el personal ejecutivo de muchas de esas compañías está en Santo Domingo y que los trabajadores de la frontera son una mínima parte. En algunos casos, señala, hay empresas que no están en provincias que hacen frontera con Haití.
“La han desnaturalizado en forma tal que vienen, por ejemplo, pacas en contenedores y lo único que hacen es destaparla y distribuirla en el mercado local en detrimento de empresas e industriales locales que sí invierten y pagan impuestos. Eso no puede continuar así”, sostuvo De Moya.
El presidente de la Asociación de Industria considera pertinente el establecimiento de un reglamento que maneje bien la administración de la Ley, a fin de que se tenga en cuenta de que cuando hay una competencia local establecida no puede permitirse lo que está sucediendo ahora.
Afirmó que como primera intención la legislación se preparó para tratar de crear fuentes de empleos en la región fronteriza, a fin de que los dominicanos residentes en la zona pudieran trabajar y producir riquezas, pero también para hacerla atractiva para que personas o inversionistas de otros lugares del país fueran a instalar empresas.
“En lo personal creo que la Ley 28-01 tiene aspectos que pueden ser considerados inconstitucionales. Para mí es ilógico que el legislador se haya puesto como el regulador de la legislación”, dijo.
El presidente de la AIRD señala, entre los aspectos que la hacen ilógica como instrumento de desarrollo exclusivo de la región fronteriza, que la distancia entre la frontera y los centros de expendio más importantes del país no están localizados lejos uno del otro.
A su entender, establecer industrias con privilegios para que compitan con empresas que pagan todos los impuestos es injusto, pues la competencia debe pagar todos gravámenes.
En febrero de 2014 se esperaba que el presidente Danilo Medina sometiera un proyecto de modificación al Congreso.
La pieza modifica la composición del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, excluyendo a los senadores y diputados de las siete provincias señaladas que la conforman, “para que un poder del Estado no se inmiscuya en otro”, según declaró a la prensa Circe Almánzar, vicepresidenta de la AIRD, quien consideró que la actual integración es una “violación constitucional”.
PRIVILEGIOS EN LA ZONA
Régimen de exoneraciones. Los incentivos fiscales no son nada despreciables. De acuerdo a su clasificación, las empresas que operan bajo la Ley 28-01 tendrán derecho hasta la exoneración del 100% de la Renta Neta Imponible del Impuesto Sobre la Renta.
Además, disponen de la exoneración de los derechos e impuestos de importación y demás gravámenes conexos, incluyendo el arancel, los impuestos unificados y los de consumo interno que incidan sobre importación de materias primas e insumos bajo la condición de que los mismos sean sometidos a procesos de transformación sustancial en República Dominicana que generen valor agregado de manera tal que el bien final que resulte de la transformación corresponda a una partida arancelaria distinta a la de la materia prima o insumo importado.
Prevé la exoneración del 50% en el pago de libertad de tránsito y uso de puertos y aeropuertos, la cual sólo se considera mediante la previa presentación del certificado de Empresa Fronteriza emitido por el Consejo de Coordinación dando fe del cumplimiento del requisito de clasificación.
Según la ley, la importación de bienes de capital, maquinarias y equipos que hagan las empresas bajo la legislación estarán exentas de impuestos.
EJEMPLOS
Bepensa: Esta empresa es representante de Coca Coca y otras marcas, pero está en el mercado local cumpliendo con toda la parte impositiva.
Industrias San Miguel: Esta empresa cuenta con 45% del mercado local, pero opera bajo un esquema de exención. Tiene diez años en el país.
Ambev: Pepsi Cola pertenece a la Cervecería Ambev, una adquisición para tener canales de distribución. Compite contra las que operan bajo la Ley 28-01.
