Las deficiencias que afectan la operación de las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y EdeEste (EDE), causadas por un alto porcentaje de la energía que colocan en redes sin facturar y excesivos gastos operativos, hacen que sus compromisos de deuda sigan en aumento, aun cuando los costos de generación se han reducido con la entrada de plantas a carbón y gas natural en sustitución del fuel oil de petróleo.
A eso se agrega el hecho de que las deudas atrasadas con los generadores privados generan tasas de interés muy por encima del promedio ponderado de la banca loca.
Por esas razones, constantemente las EDE solicitan líneas de crédito de corto plazo a la banca local, que usan para saldar parte de sus deudas con suplidores y, aunque resultan costosas, son menos onerosas que las penalidades de los generadores de electricidad.
Esas líneas de crédito deben ser pagadas en el año calendario en que son contraídas, pero las empresas distribuidoras de electricidad siempre argumentan limitaciones para cumplir esos compromisos bancarios y el Estado termina asumiéndolas como deuda pública que se renegocia para extender los plazos de vencimiento.
Uno de los años más comprometidos fue el 2019, cuando sin autorización previa del Congreso Nacional, las empresas distribuidoras de electricidad contrajeron deudas con la banca local por el equivalente a US$495 millones para pagar a “contratistas y proveedores”.
Las empresas distribuidoras de electricidad no pudieron saldar esa deuda y fue necesario solicitarle al Congreso Nacional, a través del presupuesto complementario de diciembre de 2019, que autorizara al Poder Ejecutivo a convertir en deuda pública ese compromiso y pasarla al Ministerio de Hacienda.
En ese mismo presupuesto complementario, identificado como Ley 493-19, que modificó el Presupuesto General de la Nación de ese año (Ley 61-18), el Congreso también autorizó a las EDE a contraer deuda de largo plazo con la banca local por un monto de US$611.7 millones para saldar deudas de “facturas por compra de energía” correspondientes al año 2018.
Adicionalmente, el Artículo 14 de ese presupuesto complementario, autoriza al Ministerio de Hacienda a asumir el “saldo de facturas con generadores eléctricos del 2019” pendientes de pago de las EDE, así como las operaciones de corto plazo que éstas pudiesen realizar ese año por un monto de hasta RD$33,070. 4 millones.
Práctica constante
Ante la aparente imposibilidad de corregir las deficiencias de las distribuidoras de electricidad y sus crecientes deudas con suplidores, proveedores y generadores privados, el Gobierno decidió incluir en los presupuestos siguientes nuevas autorizaciones de deuda de las EDE con la banca local que luego acaban como deuda pública.
En el Presupuesto General de la Nación de 2020 (Ley 506-19), en su Artículo 68, se autorizó a las EDE a contraer deudas de corto plazo con la banca local por RD$20,000 millones. Sin embargo, y en el presupuesto complementario de junio de este año (Ley 68-20), en su Artículo 20, el monto fue aumentado a RD$30,000 millones.
Las EDE debieron saldar esa deuda antes del 31 de diciembre de este año, pero como el Gobierno sabía previamente que no podrían pagar, incluyó en la modificación al Artículo 68 un Párrafo VI que dice: “Se autoriza al Ministerio de Hacienda a asumir los saldos pendientes de pago, al cierre del ejercicio presupuestario de 2020, de las líneas de crédito antes mencionadas y a negociar un financiamiento de mediano plazo con la banca privada o con agentes de mercado”. De esa forma el Gobierno asume previamente que esas deudas de corto plazo pasarán a engrosar la deuda pública del Estado.
La práctica fue retomada por las autoridades actuales, ya que en el proyecto de Presupuesto General de Estado del 2021 se incluye el Artículo 76, que dice: “Se autoriza a las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y EdeEste a contratar líneas de crédito de corto plazo con la banca por un monto máximo combinado de RD$30,000 millones o su equivalente en dólares norteamericanos, para pagar compromisos de facturas generadas en el mercado spot y así reducir el gasto financiero de las referidas empresas, asociadas con las altas penalidades pagadas por atrasos de dichas facturas, las cuales deben ser canceladas previo al cierre del ejercicio presupuestario del año 2021”.
Un Párrafo VI agrega: “Se autoriza al Ministerio de Hacienda a asumir los saldos pendientes de pago, al cierre del ejercicio presupuestario del año 2021, de las líneas de crédito antes mencionadas y negociar un financiamiento de mediano plazo con la banca o con agentes de mercado”.
