El Gobierno del presidente Luis Abinader ha tenido unos días retadores en materia de opinión pública desde que el 1 de octubre presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto General del Estado para el próximo año. Quiso introducir una especie de mini reforma para el ejercicio fiscal de 2021, pero la reacción de rechazo de la población fue unánime.
La inclusión de nuevas tasas impositivas, como la colocación de un gravamen de un 1% sobre los activos financieros netos de la banca, un 8% provisional a las ganancias extraordinarias de las empresas durante la pandemia, un impuesto adicional al gas licuado de petróleo (GLP) equivalente a US$174.50 por cada tonelada métrica, aumento a un 25% del impuesto selectivo al consumo (ISC) para los equipos y maquinarias utilizados en los acondicionadores de aire y, lo que más fricción causó en la población, gravar el salario 13 o Navidad, pusieron al Gobierno a buscar otras alternativas para generar ingresos fiscales.
Abinader se vio precisado, de improviso, a salir brevemente a explicar las intenciones del Gobierno, poniendo de manifiesto que todo sería por consenso. “Todos los impuestos que se han propuestos serán consensuados con la población, y si hay que eliminar algunos se van a eliminar y se buscarán otras fuentes de ingresos” informó. Luego, en su discurso formal a la nación anunció que su administración había llegado a un acuerdo con la minera Barrick Pueblo Viejo y con las instituciones de intermediación financiera con el propósito de adelantar el pago de impuestos, dejando fuera la propuesta original de nuevos gravámenes.
La presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), Rosanna Ruiz, concedió una entrevista a elDinero y respondió la siguiente pregunta ¿Cómo fue el proceso mediante el cual la banca y el Gobierno lograron el acuerdo para el avance de impuesto y de esa forma evitar la reforma subterránea propuesta para el Presupuesto de 2021? “La verdad es que fue un proceso conjunto: sector público y sector privado, liderado por el gobernador del Banco Central (BC), Héctor Valdez Albizu, con apoyo del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., así como del ministro de Hacienda, Jochi Vicente”, reveló a este medio.
Explicó que los tres gremios que se sumaron a esta jornada: la ABA, la Liga de Asociaciones d Ahorros y Préstamos (Lidap) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Corporaciones Crédito (Abancord) trabajaron arduamente en la búsqueda de alternativas, ya que también había que ver las medidas impositivas sumadas al impacto del covid-19 por las provisiones.
Refirió que en el caso de la banca resultaba contraproducente mantener el 1% sobre los activos financieros productivos, por lo que, ante esa situación, conociendo el sistema financiero las necesidades perentorias del Gobierno por la situación fiscal del país, y que ya se había hecho en otras ocasiones, se acordó el avance de impuestos futuros que serán amortizados con créditos fiscales por un período que será otorgado.
Ruiz aseguró que el acuerdo viene a ser un resultado de la voluntad y el compromiso, ya que aún los bancos, de manera particular, no se han sentado a ver los detalles sobre el acuerdo que será firmado. Indicó que todos los dominicanos tienen el compromiso de aportar un granito de arena en busca de la solución y ser parte de ella.
