Las empresas que comiencen a implementar medidas para reducir su impacto medioambiental a través de la revalorización de los residuos sólidos que producen podrán quedar eximidas del pago de impuestos hasta por cinco años.
La medida se encuentra contenida en la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, conformando uno de los cuatro instrumentos económicos para garantizar el financiamiento de las disposiciones medioambientales contenidas en la normativa, según explicó la representante legal de Ecored, Dania Heredia.
El régimen de los incentivos incluye la exoneración, en un cien por ciento, de los impuestos contemplados al Impuesto Sobre la Renta (ISR) –excluyendo los dividendos–, a los activos, a los aranceles y al Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) de las maquinarias y el equipo necesario para sus operaciones.
Durante su participación en el seminario web “Ley General de Residuos 225-20 y el Desarrollo de la Industria Dominicana”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y Ecored , la experta reconoció que, aunque la aplicación de esta medida tendrá una vigencia finita, coordinar cuándo y bajo qué condiciones las empresas podrán optar por estos beneficios representa un desafío.
“Todo esto va a conllevar un estudio y una reglamentación por parte del fideicomiso y de las entidades financieras que tengan que ver con la prestación y el otorgamiento de ese régimen de incentivo.
La contribución especial para la gestión integral de residuos sólidos, la implementación de un bono verde y la creación de un fideicomiso público y privado conforman, junto a la aplicación de estos beneficios, las medidas dispuestas en la normativa para garantizar que lo establecido en el documento, aprobado por el Congreso Nacional a inicios de octubre, sea económicamente sostenible.
