La entrada en vigor del nuevo Código Penal pautada para agosto de este año marcará un antes y un después para el sector empresarial dominicano, al introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Así lo afirmó Óscar Meléndez, socio de la práctica forense de EY Latam, quien sostuvo que este cambio representará un “punto de inflexión en la historia corporativa” del país durante la próxima década.
El planteamiento fue realizado durante el “International Compliance Immersion Day: derecho penal económico, responsabilidad empresarial y compliance penal”, celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Meléndez explicó que con este nuevo enfoque ya no solo se sancionará al individuo que comete un delito, sino también a la estructura organizacional que lo permitió, lo que implica un cambio profundo en la forma en que las empresas gestionan sus riesgos.
En ese sentido, advirtió que los directivos enfrentarán una exposición legal mayor, debido a que la falta de supervisión o control también podrá ser objeto de sanción. “La negligencia también tendrá consecuencias legales”, enfatizó.
El especialista subrayó que República Dominicana se alinea así con estándares promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20, que concentran gran parte de la actividad económica global. “No se trata de una moda, sino de un estándar necesario para mantener la competitividad en el comercio internacional”, indicó.
Cumplimiento
Asimismo, señaló que los modelos tradicionales de cumplimiento resultan insuficientes ante este nuevo escenario, por lo que las empresas deberán evolucionar hacia sistemas capaces de prevenir, detectar y responder a riesgos reales.
“Un modelo de ética solo es útil si puede demostrar diligencia ante un juez. Si no logra evitar el delito, la empresa y sus directivos podrían ser sancionados”, explicó.
Meléndez concluyó que las organizaciones deberán dejar de centrarse únicamente en el cumplimiento formal de normas y avanzar hacia esquemas de gestión que puedan ser sometidos a pruebas constantes, en un entorno legal cada vez más exigente.
