La Cámara de Diputados de Argentina debate este martes un polémico proyecto con el que el Gobierno de Alberto Fernández busca que las personas que cuentan con «grandes fortunas» hagan un «aporte solidario extraordinario» que ayude a afrontar las consecuencias de la pandemia y sacar al país de la crisis.
En una sesión especial que se espera sea extensa, los legisladores tratarán un texto elaborado por los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner, hijo de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), actual vicepresidenta y titular del Senado, Cámara que también deberá debatir el texto si es aprobado por los diputados.
El Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas -el oficialismo insiste que no es un impuesto sino un aporte que se aplica solo una vez por parte de «unas pocas fortunas personales»- afecta a personas y no empresas que posean una riqueza declarada superior a 200 millones de pesos (casi US$2.5 millones).
Una medida que se calcula alcanzaría a unos 9,000 ciudadanos y con la que se estima recaudar aproximadamente 300,000 millones de pesos (unos US$3,750 millones al cambio oficial), que serían destinados a aplicar medidas para afrontar los efectos del covid-19 y «apoyar el camino de recuperación económica» del país, sumido en una profunda recesión desde 2018 y con el 40.9% de la población bajo la línea de pobreza.
Malestar empresarial
La iniciativa ha despertado fuerte malestar entre algunas de las entidades empresarias más importantes de Argentina.
El Foro de Convergencia Empresarial, que reúne a más de 50 entidades empresarias, consideró en un comunicado que se trata de una iniciativa «confiscatoria» porque grava nuevamente activos que «ya son objeto de otros gravámenes» y desconoce la «realidad económica» de los individuos.
«No impactará solo en las ‘grandes fortunas’, como se pretende hacer creer, dado que este impuesto grava a los activos que también están afectados a la producción, sin tener en cuenta, además, la existencia de deudas generadas para su incorporación al patrimonio», remarcó el organismo, que pidió al Congreso que aparque la discusión y convoque a las organizaciones sociales para discutir políticas de estado.
Por su parte, la Unión Industrial Argentina aseveró que el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo -empresas, máquinas y activos tecnológicos- y el compuesto por activos financieros o inmuebles, por lo que las empresas «deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte».
«El sector formal de la economía soporta el incremento de la carga impositiva a costa de una economía informal que le quita recursos al país. Argentina necesita revertir esta tendencia que afecta la capacidad de generar divisas y producción nacional», enfatizó.
Los grandes ricos, menos de 300 personas
En la Cámara de Diputados, el oficialista Frente de Todos es la fuerza con más legisladores, aunque ningún grupo tiene mayoría absoluta, al contrario que en el Senado, donde el peronismo sí cuenta con una mayoría solvente.
En la sesión de este martes, la coalición gobernante confía en tener los apoyos suficientes gracias al sí de otros grupos: «Hoy va a ser un día histórico. Vamos a discutir aquello que un grupo pequeño, pero muy poderoso, no quiere que se debata», dijo el diputado José Luis Ramón, del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, uno de los que se mostró a favor.
El oficialismo descarta que el «aporte» afecte a la inversión de los empresarios, al considerar que estos no definen las inversiones de sus empresas en base a su patrimonio personal sino a «variables socioeconómicas como la demanda, la rentabilidad y los costos».
También niega que sea «confiscatorio», ya que el aporte comienza a realizarse entre quienes tengan una riqueza superior a los 200 millones de pesos con una alícuota del 2 % que incrementa a medida que el patrimonio es mayor.
Se calcula que alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre 200 a 400 millones de pesos y que la mayor tasa alcanza a menos de 300 personas, mientras que por los bienes que las personas alcanzadas tienen en el exterior, las alícuotas son un 50% mayores.
En apoyo al proyecto de ley, para este martes fueron convocadas diversas movilizaciones en las calles, principalmente en la plaza del Congreso, en Buenos Aires, que se dan en la misma jornada en la que se conmemora el Día de la Militancia.
Los principales detractores
En contra, Juntos por el Cambio, principal bloque opositor, se posiciona como el principal detractor del proyecto.
«Voy a votar en contra del impuesto pandemia porque estoy convencido de que de las crisis económicas se sale con trabajo, incentivos e inversión. Argentina necesita que la industria se reactive, no que apague sus motores», dijo el diputado Cristian Ritondo.
El legislador consideró que no es «solidario un impuesto que espanta inversiones, genera juicios al Estado y destruye puestos de trabajo» y que «el verdadero problema» del país «no es la riqueza, sino la pobreza» y que para combatirla hay que generar «trabajo decente».
También el izquierdista Nicolás del Caño mostró sus discrepancias, ya que este «impuesto a las grandes fortunas» servirá a su juicio para «cubrir el ajuste» que asegura exige el Fondo Monetario Internacional, organismo con el que el Gobierno negocia un nuevo programa para devolver el préstamo de US$44,000 millones concedido durante el Ejecutivo de Mauricio Macri (2015-2019).
En la sesión de este martes, además de este proyecto se debatirán otros, como una ley de manejo del fuego y otra para garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y especialmente en cambio climático para los funcionarios públicos, pero también se espera dar sanción definitiva al Presupuesto Nacional para 2021.
