El secretario general de la general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, ha apostado este viernes por que “los rendimientos económicos de las empresas tienen que estar al mismo nivel que los sociales y medioambientales”.
Así lo ha señalado el representante de la OCDE durante su intervención en la reunión de alto nivel ‘La Economía Social para una recuperación inclusiva, sostenible y justa’ que acoge el Palacio de Congresos de Toledo, con la presencia de la ministra española de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Gurría ha indicado que para la OCDE la economía social es una tema “crucial” en el que lleva trabajando más de 20 años y ha hecho hincapié en que en la actualidad hay “una crisis global sin precedentes” con impactos “enormes” sobre la salud, las economías y las sociedades, ya que el virus se ha cobrado más de un millón y medio de vidas y el impacto económico ha sido “tremendo”.
Según las previsiones de la OCDE, el producto interior bruto (PIB) global se contraerá un 4.2 por ciento en 2020 y después volverá a crecer en el mismo porcentaje en 2021, de manera que este organismo ha proyectado que el PIB global al final de 2022 sea de US$6,000 billones menos de lo que estaba previsto antes de la crisis, con lo cual se produce “un perjuicio y un daño gravísimo”.
Asimismo, ha agregado que la crisis también ha incrementado las disparidades en materia de renta y de ingresos, un 7.3% en la OCDE y 7.5% en la Unión Europea (UE) en septiembre, y los jóvenes se han visto “especialmente afectados” con unos tipos de desempleo del 14.5% en la OCDE y del 17.1% en la UE.
Gurría ha resaltado que las organizaciones de la economía social son “socios fiables” de los gobiernos nacionales e internacionales, han estado “en primera línea de lucha” contra esta crisis y han abordado las necesidades sociales que a menudo no podían colmar los mercados.
En este punto, ha puesto como ejemplo que en Estados Unidos las asociaciones han podido apoyar al Gobierno llevando menús y comidas a los alumnos en colegios en zonas rurales que se tuvieron que cerrar debido a la pandemia del covid-19.
No obstante, ha remarcado que la economía social tiene “un gran potencial” y puede hacer “mucho más” y desempeñar “un papel transformador” en las empresas, con la mejora de la prestación de servicios, promoviendo el compromiso de los ciudadanos y garantizando que “no se deja a nadie atrás”; así como impulsar una transición “justa” y respaldar la eficacia y la resiliencia a través de la innovación social.
“La economía social es un motor de creación de empleo para la actividad económica con un impacto social”, ha subrayado, de modo que las previsiones en Europa apuntan a 2.8 millones de empresas y entidades y 13.6 millones de empleos remunerados, lo que supone aproximadamente un 8% del PIB y 232 millones de personas que participan en actividades dedicadas al bienestar de la población en los territorios europeos.
Además, Gurría ha defendido que la economía social y solidaria también plantea “grandes oportunidades” y que España es un estado “pionero” porque el sector ya representa un 10% del PIB y casi dos millones de empleos, y que comunidades autónomas como Galicia, Navarra o Euskadi cuentan con estrategias de economía social que forman parte de sus prioridades políticas, así como que Toledo desempeña un papel “muy activo” con el Plan para la reactivación económica y social.
