Aeropuerto Internacional de Bávaro, AIB S.A.S, informó este miércoles de su disposición a someter al escrutinio solicitado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) el informe de evaluación que presentaron los técnicos de la empresa al Poder Ejecutivo para la aprobación de la infraestructura aeroportuaria a los organismos internacionales correspondientes.
En respuesta a argumentos públicos del IDAC, el AIB aseguró mediante un comunicado que está en condiciones de sostener a través de sus servicios legales externos tanto en Washington, sede oficial de la Administración Federal de Aviación (FAA, siglas en inglés), como en Montreal, Canadá, en donde se encuentra ubicada la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), la pertinencia jurídica y técnica del aeropuerto y su conformidad con las normativas de esos organismos.
“El director del IDAC, en su comunicado público, señaló que debió consultarse a la OACI y a la FAA antes de emitir el informe favorable al Aeropuerto Internacional de Bávaro. El señor Caamaño olvida que el IDAC es un órgano técnico con suficiente capacidad y credibilidad ante la comunidad aeronáutica internacional, para haber acometido la evaluación técnica del Aeropuerto Internacional de Bávaro sin consultar a organismos externos”, resaltó la entidad aeroportuaria.
La empresa objetó el alegato público del director del Instituto, Román Caamaño, que atribuye al proyecto de inversión privada moverse sobre decisiones técnicas “sospechosamente apresuradas”. “¿Cómo hablar de “decisiones apresuradas, en un proceso de autorización que comenzó el 9 de septiembre del 2019 y culminó el 11 de agosto del 2020?”, cuestionó.
A través de un documento que expone todos los pasos legales e institucionales dados para lograr la aprobación, la empresa sostiene que Caamaño ha actuado movido por “el deseo de favorecer a quienes se oponen a la construcción del Aeropuerto de Bávaro” y que sus acciones van en contra del fomento a la inversión que realiza el gobierno de Luis Abinader.
“Lo peor de todo esto es que la voluntad de un funcionario esté dando al traste con la política del actual gobierno, que procura el desarrollo del país respaldando las inversiones de carácter privado, garantizando la libertad de mercado, fomentando el desarrollo y la creación de empleos”, manifestó.
La AIB reiteró que, en las decisiones técnicas tomadas en aras de aprobar el proyecto, intervinieron la Presidencia de la República, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Comisión Aeroportuaria, los ministerios de Obras Públicas, Turismo y Medioambiente, así como las pasadas autoridades del IDAC.
“Ninguna empresa gastaría millones de dólares en adquirir seis millones de metros cuadrados de terreno, contratar siete firmas internacionales para realizar estudios de factibilidad técnica, comercial, medioambiental, de procesos y cumplimiento de la normativa nacional e internacional sin tener la absoluta certeza del cumplimiento de las normas”, sostuvo en su comunicado.
Calificó las actuaciones del titular del IDAC de “verdaderamente lesivas al interés general y violatorio de los postulados constitucionales de la libre empresa, libre competencia, equidad e igualdad ante la ley, actuando como juez y parte”.
