Por Tania De León, especialista en Public Compliance
Construir valor público es tocar en la necesidad y el dolor de la gente con acertadas políticas públicas y un accesible, oportuno y eficiente servicio. Es honrar la existencia misma de las instituciones públicas jugando ese rol garantista de derechos que les da sentido.
La adopción del Public Compliance en las instituciones públicas conduce a una reconexión directa de las organizaciones con los ciudadanos. El fundamento para la aplicación del compliance en el sector público que proponemos es eminentemente garantista.
Reafirma la relevancia que tiene el cumplimiento regulatorio por parte de las organizaciones públicas en el acceso a derechos ciudadanos. Las instituciones públicas existen para materializar los derechos constitucionalmente consagrados y universalmente reconocidos.
Los problemas clásicos de la sociedad solo pueden ser resueltos desde la gestión pública si no perdemos de vista cuál es su fin último. No es innovar, no es ser eficiente, no es ser transparente, no es profesionalizar el talento público.
Todos estos son medios o atributos que la gestión debe exhibir en su arquitectura funcional, pero su fin último es garantizar derechos. Este es el criterio para construir valor público, sanar un dolor ciudadano. Hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de corrupción, hablamos de cobertura universal a la salud, hablamos de prevenir y corregir desigualdades sociales, hablamos de desempleo, de contaminación ambiental y de pobreza educativa.
Public Compliance, como estrategia, trabaja en una dimensión socio-institucional para para sanar dolores sociales de manera institucional y sistemática, en la cual, los servidores públicos tienen un papel determinante.
Promueve una genuina cultura de cumplimiento que evita que las organizaciones olviden el porqué de su existencia y promueve la consciencia permanente de integridad y transparencia, como pilares de construcción de valor público.
Crear valor público con un enfoque a resultados no es un fin en sí mismo, la satisfacción de latentes y actuales necesidades ciudadanas, lo es. Con esta visión institucional basada en el cumplimiento normativo e inspirada en el principio de juridicidad, que nos invita a observar todo un ordenamiento jurídico y no solo leyes aisladas, se podrá perfilar mejor la efectividad del quehacer público.
Desde el public compliance podremos en el marco de la autorregulación llenar esos vacíos de regulación formal que impiden satisfacer materialmente clásicas demandas sociales. Public Compliance es una estrategia que todo directivo público con sentido crítico de institucionalidad deberá implementar de manera estructural.
